El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) realiza una verificación de todas las tierras comunitarias en Santa Cruz para ratificar la propiedad de éstas o revertirlas en caso de que pertenezcan a “comunidades fantasma” o sean utilizadas para el tráfico de tierras. La medida dará lugar a otras demandas del sector vinculadas con la propiedad de la tierra.
Así lo informó Franklin Vargas, ejecutivo de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz “Apiagauaki Tüpa”, quien precisó que está decisión es resultado de las mesas de trabajo que en agosto de 2022 el Gobierno realizó con la dirigencia campesina para abordar demandas vinculadas con reformas al Decreto 29215, que reglamenta la reforma agraria. “¿Qué le hemos dicho al presidente (Luis Arce) en la reunión: ‘La gente nos ha tachado de traficantes de tierras, de avasalladores, de exigir títulos sin trabajar la tierra. Hemos quedado en un cuarto intermedio y se les ha dicho que tienen hasta 2024 para hacer verificaciones de todas las comunidades de los campesinos, si cumplimos o no (con) la Función Económica Social (FES)”, sostuvo el dirigente. “Se anulan todas las comunidades fantasma y las que hayan traficado tierras. Eso es lo que se está haciendo y se están recuperando bastantes tierras. Nosotros mismos nos hemos autoevaluado para limpiar la imagen del sector campesino”, subrayó. Vargas detalló que en este trabajo se encontró gente que no estaba afiliada a la Federación y grupos de personas, principalmente en la Chiquitanía, que se apropiaban de la tierra para negociarla con empresarios (venta o alquiler). Según el dirigente, este mismo proceso se está llevando a cabo con las comunidades de interculturales. Según datos del INRA, al momento, el 29% de las tierras saneadas del país son de propiedad fiscal; el 28% de campesinos, interculturales y mujeres; el 27% es territorio comunitario de origen; y el 16% es de medianos y grandes productores. “Si cumplimos (con la FES), vamos para lo que sigue, agilicemos la documentación; si no cumplimos, afuera (…) No se va a tapar a los traficantes de tierras”, remarcó Vargas. El ejecutivo de La Única detalló que los siguientes pasos tiene que ver con una auditoría a las concesiones forestales por parte de la Autoridad de Fiscalización y Control Bosques y Tierra (ABT), y la regularización de asentamientos comunitarios en áreas de reservas naturales habitadas desde hace, al menos, cinco años. Si –como indica la norma– no se han reforestado y no cumplen los requisitos, “que se anulen todas esas concesiones forestales”, dijo Vargas.