El directorio del Banco Central de Bolivia (BCB), mediante Resolución N° 11/2026 aprobó otorgar un “Crédito Extraordinario”, a favor del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) por un monto de 31.839 millones de bolivianos, a un interés del 4,55% anual, plazo de 35 años y un periodo de gracia a capital de cinco años.
De acuerdo con la resolución, aprobada el 27 de enero, el dinero estará destinado íntegramente a cubrir las deudas de corto plazo que el Gobierno contrajo durante el año 2025. La medida se ampara en la Ley N° 1705 del Presupuesto General del Estado (PGE) para la gestión 2026.
La operación permite al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) realizar un "manejo de pasivos", transformando obligaciones urgentes en una deuda a largo plazo con condiciones sumamente flexibles.
El crédito ha sido calificado como "concesional", lo que en términos financieros significa que tiene condiciones mucho más ventajosas que las del mercado. El Ministerio de Economía solicitó que el grado de concesionalidad sea de al menos el 30%.
El economista Fernando Romero explicó que el documento autoriza al BCB a otorgar financiamiento directo al Gobierno Central, vía MEFP, generalmente mediante créditos o compra de instrumentos del TGN, con condiciones definidas por el Directorio, es decir, monto, plazo, tasa y uso.
“Es una herramienta de dominancia fiscal. La política monetaria se adapta a las necesidades del fisco, priorizando estabilidad operativa del Estado sobre objetivos estrictos de anclaje monetario”, sostuvo Romero, al destacar que el gobierno busca cerrar “brechas de liquidez” del TGN, sostener la ejecución del gasto público, evitar un ajuste fiscal abrupto de corto plazo que pueda afectar actividad y empleo, y asegurar continuidad operativa del Estado en un contexto de restricciones de financiamiento externo y menor flujo de divisas.
El economista manifestó que existen “riesgos acumulativos” en la operación, como el incremento de la deuda interna, aumenta la concentración del acreedor, debilitando la disciplina fiscal; riesgo monetario, riesgo fiscal, riesgo patrimonial del BCB y una señal negativa para inversionistas, calificadoras y ahorristas.
“El BCB sigue cumpliendo un rol cuasi-fiscal, actuando como financiador recurrente del Gobierno. Este tipo de resoluciones no es excepcional, sino reiterado, lo que confirma una pérdida de independencia operativa”, resaltó Romero, a la vez que consideró que es beneficioso para el gobierno en el corto plazo, porque le permite pagar obligaciones, evitar ajustes impopulares y “ganar tiempo político”.