La autorización para la libre importación de grano de soya, establecida en el Decreto Supremo 5547, reavivó la tensión entre productores e industriales del sector oleaginoso. Sin embargo, para Jorge Amantegui, presidente de la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob), la medida no solo es necesaria, sino coherente con un esquema de mercado abierto y con la realidad productiva del país.
En entrevista con el programa Dinero, del Grupo EL DEBER, el dirigente sostuvo que la discusión por la importación de grano no debe ocultar un problema de fondo: Bolivia produce menos soya de la que su industria necesita para operar plenamente.
Un déficit estructural que frena a la industria
Amantegui explicó que el país produce cerca de 3 millones de toneladas de grano de soya por año, mientras que la capacidad instalada de las industrias aceiteras demanda al menos 5,5 millones de toneladas. Esta brecha obliga a que las plantas operen apenas al 65% de su capacidad, limitando producción, exportaciones y empleo.
“El productor tiene derecho a exportar cerca de 880.000 toneladas como grano, pero eso reduce aún más la disponibilidad de materia prima para la industria. Si no alcanza la producción local, es lógico buscar un mecanismo de compensación”, afirmó.
Desde su perspectiva, el decreto no perjudica al sector primario, sino que busca equilibrar una cadena donde hoy la oferta es insuficiente para atender la demanda industrial.
Libre importación y libre exportación: dos caras del mismo mercado
Uno de los principales temores expresados por organizaciones productivas es que la importación presione a la baja los precios internos del grano. Amantegui rechazó ese escenario y recordó que el mercado de la soya históricamente ha funcionado bajo negociación libre, con referencia en la Bolsa de Chicago.
“Si pedimos liberación de exportaciones, también debe haber liberación de importaciones. No se puede hablar de libre mercado solo cuando conviene”, sostuvo.
El dirigente añadió que los sistemas de control de precios, cupos y bandas aplicados en años anteriores distorsionaron el mercado, generaron contrabando y provocaron pérdidas millonarias para la industria, especialmente en subproductos como la harina y la cascarilla de soya.
Valor agregado, divisas y empleo
Amantegui destacó que la industria oleaginosa no solo compra el 100% del grano que no se exporta, sino que genera valor agregado y divisas para el país. Actualmente, el sector exporta alrededor de 1.200 millones de dólares anuales, ubicándose como el segundo exportador no tradicional de Bolivia.
“Con la caída del gas, hoy somos un pilar de la economía. Si pudiéramos operar al 100% de capacidad, podríamos duplicar exportaciones, generar más empleo estable y pagar más impuestos”, remarcó.
Además, subrayó que las industrias trabajan bajo régimen general y realizan fuertes inversiones en infraestructura, tecnología y logística, lo que multiplica el impacto económico de cada tonelada procesada.
Biotecnología: la solución de fondo para dejar de importar
Más allá del debate coyuntural por la importación, el presidente de la Caniob apuntó a la biotecnología como la clave para resolver el problema de manera estructural. Actualmente, el rendimiento promedio de la soya en Bolivia es de 2,2 toneladas por hectárea, muy por debajo de países vecinos.
“Si pasamos a rendimientos de 3,5 o 4 toneladas por hectárea, podríamos producir 5 o 6 millones de toneladas sin ampliar la frontera agrícola ni deforestar”, afirmó.
En ese sentido, pidió que Bolivia valide eventos transgénicos ya aprobados en países del Mercosur, como Argentina y Brasil, y establezca un marco legal que permita el uso ordenado y transparente de semillas mejoradas.
Una cadena que necesita reglas claras y coordinación
Amantegui valoró el diálogo con el actual Gobierno y aseguró que existe una coordinación permanente para avanzar hacia la liberación plena de exportaciones y la desregulación del mercado interno. También resaltó que la industria adelanta unos 350 millones de dólares al año para financiar la siembra de pequeños productores, lo que la convierte en un actor clave del sector.
“El decreto de importación es un tema menor frente a los desafíos reales. Lo que está en juego es si Bolivia quiere producir más, exportar más y generar más empleo”, concluyó.