Bolivia, a la zaga en transparencia del gasto público en Sudamérica

Bolivia es penúltima en transparencia presupuestaria en Sudamérica, de acuerdo con una encuesta internacional que analiza la información que brinda el Gobierno sobre los servicios que proporciona, los gastos que hace y la deuda que contrae.

La Encuesta de Presupuesto Abierto del International Budget Partnership (IBP), la única de su tipo en el mundo, evalúa el acceso del público a la información presupuestaria del Gobierno central; las oportunidades formales que la población tiene de participar en el proceso presupuestario nacional; y el papel que tienen las instituciones de vigilancia del presupuesto, como la Asamblea Legislativa y la Contraloría.

En el primer eje, el más importante porque mide el acceso de la población a la información sobre la manera en que el Gobierno central recauda y gasta los recursos públicos, el estudio ubica a Bolivia en el puesto 102 entre 120 países y le da una calificación de 20 sobre 100, mientras que la puntuación promedio global es de 45 y la regional de 52.

La nota de 20 sobre 100 corresponde a la gestión de Jeanine Áñez (2020) y es la más alta de las que sacó Bolivia desde 2010.
La transparencia se mide a partir de la disponibilidad en línea, la puntualidad y la exhaustividad de ocho documentos: el documento preliminar, el proyecto de presupuesto del ejecutivo, el presupuesto aprobado, el presupuesto ciudadano, los informes entregados durante el año, la revisión de mitad de año, el informe de fin de año y el informe de auditoría.

Los que se publican en Bolivia son el proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE) del Gobierno (que tiene una nota de 21 sobre 100), el presupuesto aprobado por el Legislativo (89 puntos), conocido como la Ley Fiancial y sus anexos; el presupuesto ciudadano (publicado tarde); y el informe de fin de año, que se traduce en la Memoria de la Economía Boliviana (33 puntos).

Tanto el documento preliminar como los informes entregados durante el año no son públicos sino de uso interno; mientras que la revisión de mitad de año y el informe final de auditoría a todo el presupuesto no se hacen.

Los que deben ser presentados de forma pública, según la legislación vigente, son el proyecto de presupuesto y el presupuesto aprobado. En el caso de los demás, la normativa no es específica o no establece una obligatoriedad, afirmó René Martínez, analista de presupuestos públicos de la Fundacion Jubileo, que realiza la encuesta del IBP en Bolivia.

Tras conocer los primeros resultados de la encuesta, el Ministerio de Economía informó que en su página web y disponible para el público, se encuentra el detalle del PGE con información desagregada por fuentes de financiamiento, categorías programáticas, partidas de gastos y rubros de ingreso, entre otros, de cada una de las entidades del sector público. Estos y muchos otros datos e informes vinculados con la planificación y el seguimiento al presupuesto se actualizan de forma mensual, semestral y anual, remarcó.

Para Jorge Akamine, presidente del colegio de Economistas de Bolivia (Coneb), la actual situación de la transparencia presupuestaria del país responde a dos factores: a la falta de un sistema de información estadística en línea, con datos periódicos y dinámicos que permitan visualizar el estado del PGE; y a una decisión política, debido al complejo e inestable escenario económico vigente.

“No hay interés en mostrar los datos efectivos de ejecuciones presupuestarias, por ejemplo, porque políticamente no es conveniente (...). El Gobierno da la información que le conviene”, dijo.

El economista Kurt Jürgensen consideró, a su vez, que la debilidad de la transparencia del PGE tiene dos filos: el desinterés de la gente por participar en la entrega de este tipo de información y la información parcial y condicionada por parte del Ejecutivo. “El Gobierno transparenta, pero no todo lo que debe. Hay transparencia solo donde se quiere”, observó.

El bienestar de la ciudadanía depende mucho de la mayor o menor cantidad de recursos que se asignen adecuadamente a bienes y servicios como educación, salud, seguridad, saneamiento, producción y generación de empleo, entre otros, dijo Martínez.

El presupuesto consolidado de este año es de Bs 235.090 millones, de los que 10% se destinarán a salud y 10,8% a educación.