“¡Papito, levantate, wawitay!”, decía entre llantos y gritos la mamá de José Andrés, abrazada a su pequeño ataúd blanco. Hace casi una semana lo vio por última vez, cuando iba a su colegio, y solo el miércoles tuvo la terrible noticia de que había sido encontrado, pero sin vida. Este jueves fue su velorio.
Santa Fe de Yapacaní está de luto; el pueblo está indignado y pide justicia. La familia de José Andrés, que tenía nueve años, muestra su dolor. Su papá habla con su comunidad y exige cárcel y la pena máxima para el violador y responsable de la muerte de su hijo. La rabia se siente en su voz, pero también el dolor, cuando pregunta: “¿Quién me va a devolver a mi hijo?”, mientras de fondo, el grito lastimero y ahogado de la madre de José Andrés acompaña el velorio del pequeño. El papá se compromete a luchar contra los violadores y asesinos; pide una ley para que ellos sean sancionados, incluso con la pena de muerte, que no está vigente en Bolivia. Dice que el espíritu de su hijo le dará las fuerzas para luchar por ese objetivo, que es la tarea que José Andrés le deja. “Mi hijo tenía que vivir mucho, ¡cobardes!, ¿por qué lo han hecho? (por qué lo han matado)”, dice el padre, que tiene un megáfono para amplificar su voz. Cuestionó a las autoridades y su indiferencia, que lo mantuvieron esperando horas antes de que pudiera hacer su denuncia, el pasado viernes, cuando José Andrés desapareció. “No te lo merecías”, dice entre sollozos la madre, que continúa abrazada al pequeño ataúd, mientras familiares tratan de calmarla, ofreciéndole un vaso con agua, que no logra beber. Una dirigente de la comunidad toma la palabra y exige justicia para la familia de José Andrés y para Santa Fe. Los comunarios se reunieron y llegaron a algunas resoluciones, entre las que figura la de pedir el cambio de jueza que ve el caso, ya que Ruddy Yáñez autor confeso de la muerte del niño, ya había sido condenado por el delito de violación y liberado por esa autoridad. De manera que Santa Fe permanecerá bloqueado (el bloqueo se levantó solo por el velorio), mientras esa jueza “y sus cómplices”, no sean destituidos y juzgados. Por otro lado, exigen que la familia de Yáñez abandone el pueblo. Consideran que ellos conocían de sus fechorías y que lo encubrían. También pedirán control de los antecedentes policiales de los transportistas que prestan servicios en la zona y no permitirán que aquellos con antecedentes de violación ejerzan esa labor, como una medida de seguridad para sus hijos. La dirigente reconoció el trabajo de la Defensoría de la Niñez y de los pobladores que ayudaron a encontrar al pequeño. En cambio, criticó la labor de la Policía y señaló: “La Policía nos ha engañado, se lo han llevado por otras calles; no tenía que salir de aquí”, en relación con la decisión que los pobladores tomaron de no dejar que el presunto agresor saliera del pueblo y fuera llevado a Santa Cruz, como finalmente ocurrió.