Concretar un pacto fiscal que redistribuya la coparticipación tributaria de forma más equitativa requiere un cambio de leyes. Así lo plantea la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm). El proyecto propone la modificación de cuatro normativas nacionales. A la cabeza del rector Reinerio Vargas se sostuvo una reunión de análisis en la que se concluyó las propuestas mencionadas.
Vargas estuvo acompañado de la vicerrectora, Ing. Juana Borja y de los representantes del Ilustre Consejo Universitario (ICU), la Federación Universitaria de Profesores (FUP), Federación Universitaria Local (FUL) y el Sindicato de Trabajadores Universitarios (STU). En la reunión, explicó que actualmente las universidades públicas reciben el 5% de la coparticipación tributaria. Sin embargo, estos ingresos no se calculan conforme a lo establecido en la Constitución Política del Estado. Existen impuestos nacionales que no forman parte de la distribución, lo que genera un déficit estructural que afecta cada gestión académica.
“El proyecto de ley propone incluir todos los impuestos nacionales, sin excepción, como el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), el Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF), además de las Notas de Crédito Fiscal y Títulos Valores que forman parte de los ingresos tributarios del país”, detalló la autoridad universitaria.
La propuesta contempla la modificación o adecuación de diversas leyes como la Nº 3446 del Impuesto a las Transferencias Financieras, la Ley Nº 1357 del Impuesto a las Grandes Fortunas, la Ley Nº 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, además de ajustes en la distribución de Títulos, Valores y Notas de Crédito Fiscal.
Vargas enfatizó que no deben existir impuestos excluidos de la coparticipación, ya que esto provoca discriminación económica y exclusión, afectando directamente la sostenibilidad financiera de las universidades públicas.
“Los recursos de coparticipación tributaria ya no alcanzan para cubrir las necesidades básicas de funcionamiento de la universidad. Es imprescindible actualizar la normativa para asegurar una educación pública de calidad”, subrayó el rector.
Vargas indicó que esta propuesta de modificación de ley también beneficia a todas las alcaldías del país que perciben el 20% de coparticipación tributaria.