El expresidente del Comité Cívico Rómulo Calvo y el exalcalde Roberto Fernández acudieron, la tarde de este viernes, al Palacio de Justicia a escuchar sus respectivas sentencias, por un caso de 2005 relacionado con las compras de unos terrenos en el Plan Tres Mil. A su llegada, el abogado de la defensa informó que solo acudieron para notificarse con la resolución del juzgado y que a partir de ahí tienen un plazo de 15 días hábiles para apelar a esa determinación. Es decir, desde el lunes están habilitados para impugnar esa sentencia. Entre tanto, Fernández explicó que se trata de un proceso de hace 18 años con el están enviándolo a la cárcel por cinco años. “Esto tiene dos aristas, uno que es legal y otro social. Esto ha sido un proceso largo, hubieron damnificados, y muy pocas personas conocen a fondo este caso”, remarcó. Por su parte, Calvo considera que se trata de una persecución política, porque se trata de un caso de más de 10 años. “Lo que están haciendo es una persecución (política), lo que quieren es que uno se quede callado”, disparó. Desde la defensa explicaron que el proceso tiene su origen en 2005, cuando Fernández y Calvo estaban a cargo de la Alcaldía cruceña. A pesar de haber obtenido dos resoluciones absolutorias en el proceso, el Viceministerio de Transparencia reactivó el caso hace tres años, coincidiendo con la asunción de Calvo como presidente del Comité pro Santa Cruz. Recibieron la sentencia condenatoria por la expropiación de unos terrenos del Plan Tres Mil, que beneficiaron a las personas afectadas por la riada en 1983. Esta expropiación se inició hace más de 40 años, cuando Calvo tenía solo ocho años de edad. Su única participación fue firmar los protocolos de pago a los dueños originales de estas propiedades, detalló Martín Camacho, abogado defensor.
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