La falta de una asignación presupuestaria garantizada por ley y el recorte de más del 70% de funcionarios judiciales desde diciembre, podrá llevar a un colapso y demora en el acceso a la justicia. Una crisis en el Órgano Judicial que se está evidenciando en la atención al cliente. Por ello, esta máxima instancia apunta a buscar ayuda de organismos internacionales para suplir estas necesidades que ellos mismos califican de “básicas y necesarias”.
El lunes, autoridades del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Tribunal Agroambiental (TA) y el Consejo de la Magistratura (CM) se declararon en emergencia presupuestaria, algo que fue calificado de inédito por el Órgano Judicial, según afirmó su presidente a EL DEBER, quien cuestionó la falta de respuesta por parte del Gobierno desde hace tres meses.
Romer Saucedo Gómez, presidente del TSJ, remarcó que la entidad no cuenta con un presupuesto fijo garantizado por ley como para contratar a personal eventual que atienda al público litigante y esto ha obligado a solicitar cada año al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas la aprobación de fondos los cuales han llegado muchas veces recortado.
“Esto nos hace depender del Ejecutivo, lo que afecta nuestra autonomía. Hemos tomado esta postura (declaratoria de emergencia presupuestaria) porque llevamos tres meses pidiendo que se atiendan nuestras necesidades básicas de funcionamiento. No hablamos de ítems nuevos ni de infraestructura”, afirmó Saucedo durante la entrevista con EL DEBER.
Para entender la dimensión del recorte presupuestario, la autoridad ejemplificó que en el caso del departamento de Santa Cruz, en la plataforma de atención al cliente trabajaban 80 personas, pero por la falta de asignación de recursos el personal se redujo a 15 trabajadores que atienden a casi 4 millones de habitantes. Estos cargos esenciales van desde auxiliares de plataforma y de Derechos Reales, personal de ventanillas; gente que trabaja con el sueldo básico y que atiende directamente a los ciudadanos.
En el caso del resto de las regiones, en Beni quedan 12 funcionarios en atención al cliente mientras que en otros departamentos el número varía, pero la afectación es la misma, según indicó el presidente del TSJ. “Sin el personal necesario, el servicio de justicia colapsa”, dijo.
“Así como hoy hay colas para conseguir gasolina, mañana veremos colas en los juzgados. La gente tendrá que esperar horas para obtener certificados de no violencia, realizar trámites en Derechos Reales o presentar nuevas demandas porque no habrá personal suficiente para atenderlos”, aseveró el titular de Justicia.
Recordó que actualmente el presupuesto del Órgano Judicial no llega ni al 0,4% del Presupuesto General del Estado, mantienen un hueco financiero de Bs. 149 millones que estaba destinado para enfrentar su gestión y la reforma judicial, y que ante la petición para la asignación de recursos la respuesta del Ministerio de Economía era de esperar hasta junio para el reformulado presupuestario.
El presidente del TSJ, adelantó que ante esta situación están en coordinación con las otras dos altas cortes, para acudir a organismos internacionales en busca de ayuda para garantizar el acceso a la justicia si es que el Ejecutivo no los atiende.
Por su parte el ministro de Justicia, César Siles, informó que convocará a las altas autoridades de justicia para sostener un diálogo. De manera puntual, indicó que se realizan reuniones con técnicos del Ministerio de Economía para evaluar esta situación, empero, aseguró que existió una mala planificación del Órgano Judicial en su presupuesto.
Saucedo fue tajante al señalar que la decisión de retirarse de la comisión 898 (creada en la gestión de Evo Morales) se produjo porque considera que ya cumplió su ciclo y porque fue creada para manipular al Órgano Judicial, permitiendo la injerencia de ministros y otras autoridades.