Desde este jueves rige la nueva tarifa del transporte público en Santa Cruz de la Sierra, de Bs 2,30. Sin embargo, muchos conductores han cobrado directamente Bs 2,50 o, en su defecto, dan caramelos por los Bs 0,20 de cambio. La medida provocó la reacción de los usuarios que denunciaron estos hechos en redes sociales.
"El decreto es claro, hay una tarifa fijada, ni más ni menos y está autorizada a ser cobrada, disparó Bernardo Montenegro, vocero municipal. Asimismo, remarcó que en el mismo decreto se establece la implementación del cobro magnético o eléctrico en 60 días, y esto debe cumplirse.
Según Montenegro, ellos (los transportistas) se comprometieron a hablar con la banca, para conseguir monedas para dar el cambio respectivo. El municipio hará los controles correspondientes.
Ahora bien, en caso de persistir esta situación, pidió a la población hacer la denuncia correspondiente al 800 12 5700. Segundo Ricaldi, representante de los micreros, admitió que el primer día han tenido inconvenientes con el cambio, pero indicó que, a medida que transcurran los días, tanto el usuario como el chofer ya contarán con la moneda fraccionada. Es nuestro primer día, pero todo se va a solucionar, a media que transcurra el tiempo, resaltó Ricaldi, a tiempo de referirse a la implementación de un nuevo sistema de cobro, ya sea magnético o electrónico. Vamos a iniciar las gestiones de este nuevo procedimiento la próxima semana, pero consideramos que 60 días es muy poco tiempo, vamos a pedir que se nos amplíe el plazo, adelantó el dirigente. El concejal Rolando Pacheco presentó una denuncia penal contra el alcalde Jhonny Fernández por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. Esto después de autorizar el incremento del pasaje a Bs 2,30. Pacheco remarcó que la tarifa oficial sigue siendo Bs 2,00 y que el decreto vulnera normativas vigentes. Las leyes no están para mirarlas, están para cumplirlas. Por eso estoy presentando una denuncia contra el alcalde, porque no puede darle la espalda a Santa Cruz de la Sierra, él conoce bien las atribuciones del Concejo. Por su parte, la presidenta de Cocnejo, Silvana Mucarzel, manifestó que, con la determinación del decreto edil N°63/2025, se cometieron ilegalidades que atentan contra el marco jurídico municipal. El señor (Jhonny) Fernández incurre en usurpación de funciones, porque se tomó atribuciones que no le corresponden. Finalmente, el alcalde ha incurrido en resoluciones contrarias a la Ley”, afirmó Mucarzel. De su lado, el vocero lamentó la posición de los incapaces del concejo, puesto que este problema que vivimos y que la ciudadanía lo padeció, es única y exclusiva responsabilidad del Concejo, porque ellos tuvieron en su momento la oportunidad de resolverlo y no lo hicieron. En esa misma línea, Montenegro sostuvo que el decreto edil está respaldado jurídicamente, porque el encargado de fijar la tarifa es el Ejecutivo. Así lo indica el artículo 55 en su inciso II, de la Ley de Movilidad Urbana (1216) y el propio sector transporte metió una acción de cumplimiento, cuyo fallo conminó al alcalde lleve adelante esta medida. Desde el sector transporte
Denuncian al alcalde
Decreto