Hasta el momento, la familia Crapuzzi ha activado dos procesos contra la Alcaldía Municipal demandando la propiedad del terreno del . No obstante, los concejales opositores observan inacción de parte del Ejecutivo porque no ha presentado ninguna denuncia, a pesar de que la familia usó un plano sepia inexistente para reclamar dichos predios.
La familia Crapuzzi planteó un segundo proceso a la comuna, esta vez contra la secretaria de Planificación, Andrea Daza, por supuestas negociaciones e intereses indebidos con las asociaciones gremiales al firmar las concesiones de los terrenos.
El primer proceso le abrió por el derecho propietario, por el cual en noviembre del año pasado consiguió una resolución de la Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz que dejó sin efecto la Ley 417 que declaraba los terrenos de dominio municipal. Ahora dicha resolución está en revisión en el Tribunal Constitucional y se aguarda el fallo.
Sobre la defensa legal del Mutualista, Daza indicó que la Dirección de Asuntos Jurídicos está haciendo seguimiento a los procesos como corresponde. Consultada específicamente sobre las acciones contra la familia Crapuzzi, se limitó a responder que se va actuar y se va hacer todo lo que corresponda en el marco de la ley.
La semana pasada, desde la oficina de prensa de la Alcaldía indicaron que el alcalde Jhonny Fernández no se referirá al asunto del mercado Mutualista hasta que salga la resolución del Tribunal Constitucional.
Daza agobiada por las demandas
La secretaria municipal de Planificación fue convocada a declarar este martes por una demanda que le sigue la familia Crapuzzi, a través de su abogado Waminqa Serrano.
“En este momento tengo una persecución judicial. Una segunda denuncia que me hacen los supuestos propietarios por tener negociaciones e intereses con las asociaciones gremiales, al firmar las concesiones que por ley correspondían ser protocolizadas, argumentando que yo quería beneficiar al sector gremial con algún supuesto tipo de interés”, reclamó Daza.
Su abogado defensor, Omar Dorado, puntualizó que la resolución de la Sala Tercera dictaminó dejar sin efecto legal la Ley 417. Esta ley fue abrogada, pero (la sentencia) no ordena la abrogación. Dice dejar sin efecto legal para el caso particular de la tutela demandada que lógicamente será vinculante para los demás, pero no ordena la abrogatoria ¿Qué ocurrirá si en el Tribunal revocan esta sentencia? ¿No debieron (los concejales) esperar el fallo final de Sucre?”, observó.
Daza dijo que, por un lado, se la acusa de supuestas negociaciones incompatibles y falsedad ideológica intentando beneficiar a los gremialistas, y por otro, también la señalan por supuestamente favorecer a los privados.