Tras el decreto que firmó el alcalde Jhonny Fernández para el incremento de la tarifa en el transporte público, de Bs 2,00 a Bs 2,30, sugirieron diferentes posiciones como la del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra.
La presidenta del Órgano deliberante cruceño, Silvana Mucarzel, manifestó que, con la determinación del decreto edil N°63/2025, se cometió ilegalidades que atentan contra el marco jurídico municipal. Afirmó que el decreto en cuestión no está sobre la Ordenanza Municipal de 2013, que tiene rango de ley, y que determinó establecer la tarifa en Bs 2,00 para los adultos. Por ello, remarcó que la Ley 1226 y su reglamento son los que determinan que para la decisión de incrementar las tarifas debe, previamente, realizarse un estudio de costos. Añadió que debió ser el Concejo, sobre la base del estudio el que debía haber emitido una ley autorizando un incremento de tarifas. “Precisamente por esto último que mencionamos, el señor (Jhonny) Fernández incurre en usurpación de funciones, porque se tomó atribuciones que no le corresponden. Finalmente, el alcalde ha incurrido en resoluciones contrarias a la Ley”, afirmó Mucarzel en contacto con el diario EL DEBER. La concejala por UCS señaló que están realizando un análisis sobre la decisión del alcalde para impulsar acciones legales y consideró que la autoridad ha perdido la perspectiva de la gestión pública no solo en este tema sino en casi todos los ámbitos de competencia del Ejecutivo Municipal. Un grupo de concejales, entre ellos Silvana Mucarzel, José Alberti, Israel Alcócer y Rolando Pacheco, llegaron hasta la Contraloría General del Estado para reunirse con la contralora interina, Nora Mamani, a fin de entregarle una nota acompañado del Informe al Análisis de Fiscalización e Inversión de los Recursos de la Alcaldía cruceña. El informe detalla sobre la situación financiera del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, que refieren al estado actual de insolvencia fiscal en la comuna. El grupo de legisladores cruceños piden que la Contraloría tome nota de estos detalles y determine la ejecución de acciones con base en las atribuciones y competencias determinadas por la Constitución Política del Estado. Entregaron informe a la Contraloría