El pasado martes, 28 de junio, el Magistrado por Santa Cruz ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Olvis Égüez Oliva, encabezó una inspección e intervención de juzgados en Yapacaní, Buena Vista, Portachuelo, Montero y Warnes, municipios donde radican cantidades importantes de procesos donde las víctimas son sectores vulnerables como niños, niñas y adolescentes. El trabajo, en conjunto con personal de la Unidad de Transparencia del TSJ, se inició en el municipio de Yapacaní, donde primero el Magistrado visitó al alcalde, Juan Carlos Valles, a quien se explicó el trabajo a realizar y, a la vez convocó a aunar esfuerzos para prevenir la violencia contra niños y mujeres a través de los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM). “La idea es poder verificar y recabar información y, posteriormente, la Unidad de Transparencia, en aplicación a la ley específica, tendrá que pedir los descargos correspondientes a los señores jueces y, producto de ello, en algunos casos se podrán iniciar procesos disciplinarios o penales”, aseveró la autoridad judicial. Añadió que el control está fijado sobre las garantías que deben ofrecer los distintos juzgados para que los procesos se desarrollen de manera rápida y oportuna, donde no exista mora procesal, sin retardación de justicia y que las resoluciones estén debidamente fundamentadas conforme a la Constitución Política del Estado (CPE). “La Unidad de Transparencia emitirá un informe a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia y, a su vez, realizará una representación ante el Consejo de la Magistratura, que es la entidad que tiene la competencia de desplazar o cambiar a los jueces”, explicó Égüez, sobre los resultados de la intervención que se conocerá en los próximos días. “Una víctima de violencia, en primera instancia, acude a su municipio y es ahí donde se inicia un trabajo coordinado con la administración de justicia para prevenir consecuencias más graves”, agregó el Magistrado.
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