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La Policía vincula el crimen de Santa Ana con pugna de clanes criminales

Martes, 29 de julio de 2025 a las 04:15

Se maneja hipótesis de un ajuste de cuentas en disputa de organizaciones criminales. Investigaciones  señalan que Edgar Dorado es sobrino de Jesús Einar Lima Lobo, detenido por narcotráfico en Brasil 

La muerte llegó con precisión de sicario a las 14:00 del sábado 26 de julio al municipio beniano de Santa Ana de Yacuma. Edgar Dorado Menacho, más conocido como “el jefe”, cayó acribillado en plena vía pública. Siete balas terminaron con la vida del hombre que durante dos años fue buscado por la Interpol y por la justicia boliviana, acusado de haber participado en la ejecución de tres policías en el caso Porongo. 


Su asesinato, brutal y certero, es leído por los investigadores como un nuevo capítulo en la pugna entre organizaciones criminales por el control del tráfico de drogas en esa zona del país.


Según testigos, los atacantes llegaron a bordo de una camioneta blanca y dispararon sin mediar palabra cuando “el jefe” circulaba en su vagoneta negra por la avenida Bolívar, a pocas cuadras del centro de la población. Luego, desaparecieron. La escena quedó marcada por los casquillos y el silencio. El cuerpo de Dorado fue hallado en una cuneta, mientras su acompañante, Ciadar Botero Balcázar, herido en el brazo, fue trasladado bajo custodia a un centro médico. Las autoridades lo consideran un testigo clave para poder esclarecer este nuevo caso de violencia.


Los peritos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) encontraron evidencias de una ejecución planificada: 15 impactos de bala, ocho en el vehículo y siete en el cuerpo de la víctima. Las armas utilizadas, calibres 7,62 mm y 9 mm, son de uso militar y policial. Un mensaje directo en medio de una guerra soterrada entre clanes del narcotráfico, según explicaron los fiscales a cargo de la pesquisa.


“Todo apunta a un ajuste de cuentas entre organizaciones criminales. Este hecho no fue al azar”, declaró luego el comandante departamental del Beni, coronel Carlos Roberto Ponce Tarqui. La víctima, recordó, era prófuga de la justicia boliviana y tenía alerta roja de Interpol por su presunta participación en el asesinato de tres policías en Porongo, Santa Cruz, el 21 de junio de 2022. Ese día, tres uniformados fueron asesinados cerca de la comunidad Cuchi, en la extensa zona del Urubó entre la capital del departamento y el municipio de Porongo.


Dorado no era un actor menor. Era sobrino de Jesús Einar Lima Lobo Dorado, un capo del narcotráfico que cumple 14 años de prisión en Brasil, tras haber sido condenado por el envío de 300 kilos de cocaína en 2017. Su ejecución revive las tensiones entre los herederos y aliados de esa red familiar y otras estructuras criminales en disputa.


Las autoridades no descartan que el asesinato haya sido ordenado desde dentro del mismo círculo delictivo. En Santa Cruz, el fiscal Daniel Ortuño, a cargo del caso Porongo, informó que una vez se confirme oficialmente la muerte de Edgar Dorado, se procederá a declarar la extinción de la acción penal, conforme establece la ley.


El caso Porongo sigue siendo uno de los episodios más oscuros de los últimos años. Aquel 21 de junio de 2022, tres uniformados —el sargento mayor Eustaquio Olano, el sargento segundo Alfonso Chávez y el voluntario del Gacip Daniel David Candia Orozco— fueron asesinados a sangre fría en el Urubó. Por ese crimen, Misael Nallar Viveros, esposo de la hija de Lima Lobo, cumple una condena de 15 años como autor intelectual y material. Junto a él, también fueron señalados Edgar Dorado, Jassir Góngora y otros presuntos sicarios de origen colombiano.


Con la muerte de “el jefe”, se cierra una línea de investigación, pero se abre otra: ¿Quién ordenó la ejecución? ¿A qué grupo servía Dorado y por qué lo eliminaron? Las respuestas, como los disparos de aquella tarde, aún resuenan en Santa Ana de Yacuma, donde la violencia del narcotráfico vuelve a dejar su huella.


Las autoridades de la Fiscalía no descartan ampliar las investigaciones en esa región del Beni.
En el curso de los últimos tres meses, al menos seis personas murieron en en el país por este tipo de violencia delictiva. 

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