La decisión judicial sobre el caso de secuestro y tortura contra un miembro de la colonia menonita de Cuatro Cañadas provocó indignación entre los abogados y defensores de la víctima. Mientras el agresor material fue enviado con detención preventiva a la cárcel de Palmasola, el presunto instigador de la violencia —identificado como uno de los ministros de la comunidad— recibió medidas sustitutivas y podrá cumplir detención domiciliaria.
La resolución fue emitida este miércoles por el juez del Juzgado de El Mechero, en la zona del Plan Tres Mil.
El caso salió a la luz tras la denuncia de un familiar y la intervención policial que permitió rescatar al hombre amarrado, semidesnudo y con múltiples lesiones dentro de una vivienda de la colonia El Norte, en el municipio de Cuatro Cañadas.
Según la investigación, la víctima fue sacada de su casa la tarde del sábado, retenida contra su voluntad y sometida a castigos físicos durante la noche. “Lo castigaron porque dejó de asistir a la iglesia”, denunció Osvaldo Ovando, representante de Derechos Humanos.
La abogada de la víctima, Marianela Bozo, cuestionó duramente la decisión judicial al considerar que el supuesto instigador debía recibir la misma medida de detención preventiva.
“Estoy indignada porque no ha habido justicia. El agresor directo va a Palmasola, pero al ministro que ordenó el castigo le dan detención domiciliaria. Él fue quien instruyó que torturen a la víctima”, reclamó.
Bozo añadió que en el domicilio del presunto instigador se encontraron armas de fuego, lo que —según su criterio— evidencia su capacidad de coerción dentro de la colonia.
El abogado Fabricio Choque coincidió en que la resolución fue insuficiente. “Se trata del responsable moral del vejamen. Ordenó que lo castiguen, y aun así la juez lo deja en su casa”, sostuvo.
La intervención policial permitió encontrar al hombre en estado crítico. “Estaba en ropa interior, amarrado y con múltiples golpes. No podía ni caminar”, relató Bozo.
Tras su rescate, la víctima fue trasladada a un hospital, donde permanece en tratamiento médico debido a la gravedad de las lesiones. Su familia denunció que, antes del operativo, los líderes de la comunidad les prohibieron recibir atención médica o abandonar la colonia.
Cinco investigados y nuevas citaciones
La Fiscalía informó que al menos cinco personas están bajo investigación y que se emitirán nuevas citaciones para otros miembros de la colonia, incluidos líderes que habrían avalado o encubierto las agresiones.
Durante la audiencia cautelar, varios integrantes de la comunidad acudieron al juzgado, pero evitaron hablar con la prensa. Solo indicaron que conocían a la víctima y que el conflicto habría surgido por su inactividad en los cultos religiosos.
Por su parte, los abogados de los acusados aseguraron que sus defendidos “no participaron en ninguna agresión” y calificaron la resolución judicial como “excesiva”.
La defensa de la víctima insistió en que el caso debe sentar un precedente. “Pedimos justicia. Estos castigos no pueden continuar en ninguna comunidad”, afirmó Bozo.
La Fiscalía anticipó que continuará tomando declaraciones y analizando evidencias para determinar todas las responsabilidades en un entorno donde aún persisten prácticas disciplinarias violentas ejercidas por autoridades religiosas.