El caso del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset derivó en un cruce de versiones entre autoridades, mientras avanzan las investigaciones y crecen las presiones para identificar posibles redes de encubrimiento.
La Fiscalía marcó una posición al deslindar su participación en el operativo clave del 13 de marzo. El fiscal general, Róger Mariaca, afirmó que la captura fue un “trabajo netamente de la Policía boliviana” y que el Ministerio Público tomó conocimiento recién después, lo que trasladó el foco de responsabilidades hacia la labor policial.
La postura fue expresada tras el presunto saqueo de bienes en uno de los predios vinculados al caso. El comandante de la Policía, Mirko Sokol, aseguró que una fiscal ordenó no intervenir un inmueble, dispuso su precinto y no dejó custodia policial, lo que —según dijo— permitió el ingreso de terceros. “Este operativo estaba bajo la dirección funcional del Ministerio Público”, enfatizó. Mariaca dijo que este caso no estaba vinculado con los bienes de Marset.
La Fiscalía confirmó el secuestro de documentos, DVR con grabaciones y equipos informáticos en recientes allanamientos, elementos que serán analizados para identificar a posibles miembros de la red criminal. El Gobierno, a través del viceministerio de Régimen Interior, Hernán Paredes, recordó que la investigación del caso recae en la Policía.
En el ámbito político, legisladores de oposición exigieron ampliar las investigaciones hacia exautoridades y funcionarios que habrían facilitado la permanencia de Marset en el país. También pidieron activar alertas migratorias y establecer responsabilidades institucionales.
El caso se mueve en un escenario de responsabilidades compartidas entre Policía, Fiscalía y sistema judicial, mientras la principal interrogante sigue abierta: ¿Cómo una estructura criminal de alcance internacional logró operar durante años en Bolivia?