Autor: Norah Gutiérrez.
La madrugada del 17 de noviembre, Santa Cruz despertó con el estruendo del agua desatada. En Achira, una comunidad agrícola de Samaipata, la tormenta no dio tregua durante ocho horas: un aguacero persistente, inusual y violento, convirtió la quebrada en un torrente imparable que arrastró casas, cultivos, animales, caminos y, con ellos, la calma de más de quince comunidades. Dos personas desaparecieron; otras pasaron la noche sobre sus techos, esperando a que el río decidiera devolverles un pedazo de tierra firme.
“Yo estaba encima de mi cama y el agua ya me tapaba”, relata una vecina con el rostro marcado por el cansancio. Otro hombre enumera lo perdido con más resignación: “Más de 20 mil plantas quedaron bajo el lodo”. Al desastre natural lo siguió el desconcierto humano: calles convertidas en ríos, viviendas colapsadas, familias aisladas y una sensación de abandono que se repetía en cada testimonio.
A cientos de kilómetros, en Colpa Bélgica, el río Piraí alcanzó niveles históricos: 6,8 metros, según el Searpi. La rampa del puente se vino abajo, el tránsito fue cortado y decenas de vehículos quedaron varados. Allí, un vecino que solo intentaba volver del trabajo describió la escena como una injusticia inesperada: “Salí a hacer trámites… y miren con lo que nos encontramos. No podemos pasar”, comentó una vecina de la zona.
La Gobernación, el Searpi y el Gobierno movilizaron maquinaria y brigadas. Lo ocurrido en Achira fue la tormenta perfecta. Literalmente. “Llovió ocho horas continuas, pero una lluvia sostenida”, explica el agrometeorólogo Luis Alpire.
“La quebrada fue alimentada por mazamorra que cayó del cerro”.
El presidente de la Sociedad de Ingenieros, Roly Mancilla, es directo: “Ha habido dejadez. Municipio, Gobernación y Gobierno central tienen la responsabilidad legal de prevenir”.
En tiempos de lluvias más intensas y caudales más impredecibles, la falta de prevención pesa el doble.
Los defensivos
Entre 2010 y 2020, Santa Cruz construyó 1.400 kilómetros de defensivos y destinó más de 100 millones de dólares para proteger sus zonas productivas. Aquellos diques evitaron pérdidas agrícolas y garantizaron seguridad durante años.
Pero esa infraestructura se ha debilitado. “En los últimos cinco años no se construyó ni un solo defensivo nuevo”, advierte Alpire. “Y el mantenimiento tampoco fue suficiente”.
Los 172 puntos críticos identificados se distribuyen en 16 cuencas, afectando 26 municipios, seis de ellos en situación “especialmente grave”.
San Julián tiene 39 puntos críticos. Cuatro Cañadas, El Puente y Yapacaní suman 10 cada uno. Santa Cruz de la Sierra registra 11 puntos críticos en el Piraí, capaces de afectar barrios como Ambrosio Villarroel, las cabañas y zonas cercanas a la radial 26.
En la zona del Piraí
En las cabañas del Piraí, la erosión es visible. Gaviones rotos, mallas desgarradas, piedras dispersas. “No hay mantenimiento desde que lo hicieron”, dice un vecino. “Claro que da miedo… si llega fuerte, puede rebasar”, comenta otro.
Aunque algunos minimizan el riesgo, los técnicos advierten que el Piraí puede desbordarse si no se interviene en la cuenca alta y media, donde las quebradas menores -de responsabilidad municipal- incrementan el peligro.
En la zona del nuevo puente del Urubó, defensivos recién instalados ya muestran señales de insuficiencia. Un proyecto integral de Bs 350 millones no se ejecutó porque el Gobierno central no comprometió su 70%.
El actual director del Searpi, José Antonio Rivero, admite tener solo Bs 20 millones para emergencias. Con eso ha movilizado maquinaria en 16 municipios y trabaja en 72 puntos prioritarios.
Pero la ecuación es conocida: la emergencia cuesta más que la prevención. Y dejar que los ríos hablen primero tiene un precio altísimo. A los defensivos desgastados se suma un factor menos visible: la tala en riberas y cordones ecológicos. “Cuando talan para asentarse, nos dejan en indefensión”, advierte Mancilla.
Sin árboles, el suelo se debilita. Sin suelo firme, el río gana fuerza. Y cuando el río gana fuerza, ningún dique alcanza.