La preocupación por los avasallamientos de tierras volvió a escalar este viernes en Santa Cruz. El fiscal general del Estado, Róger Mariaca Montenegro, se reunió con representantes del sector agropecuario y aseguró que el Ministerio Público actuará con “firmeza, transparencia y agilidad” para enfrentar una problemática que afecta a la seguridad jurídica y a la producción de alimentos en Bolivia.
“Nuestro deber es garantizar que la ley se cumpla, proteger los derechos de todos los bolivianos y asegurar investigaciones objetivas y responsables”, señaló Mariaca tras el encuentro.
El fiscal general afirmó que se fortalecerá la coordinación con la Policía Boliviana, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y autoridades judiciales para lograr respuestas más rápidas y efectivas frente a denuncias de avasallamientos.
Productores exigen sentencias
Desde el sector agropecuario, la preocupación es más directa: aseguran que la falta de sanciones alimenta la impunidad y la expansión de grupos dedicados al tráfico ilegal de tierras.
“Mientras no haya personas tras las rejas, el delito sigue existiendo. Hay avasallamientos con cuatro ingresos reiterados al mismo predio. Eso demuestra que no hay aprehendidos, no hay sentenciados, no hay gente cumpliendo pena”, dijo Wálter Ruiz, presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz).
El dirigente alertó que las tomas ilegales paralizan la producción y encarecen la canasta familiar. “Ingresan sin ninguna titularidad, revenden la tierra y la propiedad queda improductiva. Ese es el principal problema: no vemos ningún sentenciado”, agregó.
Ruiz también llamó al INRA a asumir su rol en la garantía del derecho propietario y pidió que el próximo Gobierno instale mesas de trabajo, donde el sector productivo tenga voz vinculante.
Falta de combustible
A la inseguridad jurídica se suma el desabastecimiento de combustible, que amenaza la campaña agrícola en pleno inicio de lluvias.
“Deberíamos estar sembrando y haciendo mantenimiento, pero el combustible sigue siendo un problema. El motor productivo boliviano está trabajando a medias”, sostuvo Ruiz.
El representante ganadero denunció que los productores se ven obligados a comprar en el mercado negro. “El productor tiene que acceder a un precio mucho más elevado. Se habla de diésel a más de 8 bolivianos el litro. No hay compensación por esos costos”.
Además, alertó que aun cuando se consigue combustible, las restricciones para transportarlo hacia las zonas rurales imposibilitan su uso en las propiedades.
“Si a la falta de combustible le sumamos caminos descuidados, vamos a tener serios problemas de intermitencia en la producción”.
Los productores apuntan a que la combinación de avasallamientos, tráfico de tierras, restricciones logísticas y falta de combustible pone en riesgo la cadena de abastecimiento, impactando directamente en los precios de la carne y otros alimentos.
Mientras tanto, la Fiscalía busca consolidar un discurso institucional de firmeza y coordinación, en un intento de frenar un fenómeno que ya trasciende lo judicial y se ha vuelto una preocupación nacional.