La crisis por los avasallamientos en Santa Cruz volvió a encenderse con fuerza en Guarayos. Productores y propietarios afectados acusan al Ministerio Público, a la Policía y al propio Viceministerio de Tierras de ser cómplices —por omisión o acción— del avance de grupos organizados que ocupan propiedades privadas con total impunidad, como como la denominada ‘Unica’ (en alusión a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesino de Bolivia).
Grecia Yucra, propietaria del predio El Encanto —ubicado en Ascensión de Guarayos y ocupado nuevamente por un grupo de campesinos—, denunció que su caso fue desestimado por la Fiscalía sin considerar las pruebas presentadas.
“El martes presentamos la denuncia y ese mismo día fue rechazada. No puede ser que el fiscal haya emitido la resolución tan rápido, sin investigar nada. La Policía fue al lugar y dijo que no había avasalladores, cuando todos estábamos ahí viendo cómo tomaban el terreno”, reclamó.
Yucra cuestionó directamente al fiscal departamental y aseguró que la decisión se basó en artículos ya derogados de la Ley 477. “El Ministerio Público ni siquiera sabe que esos parágrafos fueron anulados por una sentencia constitucional en 2020. Esto deja mucho que desear y demuestra el nivel de desinformación o complicidad que existe en algunos fiscales”, sostuvo.
Junto a su abogado y otros productores, apuntó directamente al viceministro de Tierras, Ramiro Guerrero Peñaranda, a quien acusan de mantener vínculos con las organizaciones que impulsan estas tomas ilegales.
Durante una conferencia de prensa, los denunciantes presentaron fotografías, documentos y antecedentes de los cuatro intentos de toma del mismo predio, ocurridos entre 2023 y 2025. Según relataron, los grupos armados ingresaron violentamente, destruyeron cultivos y amenazaron al personal agrícola que trabaja en el lugar.
Su abogado, Álvaro La Torre, calificó de “indignante” la actuación de las instancias estatales de justicia. Recordó que en las anteriores invasiones la Fiscalía aceptó las denuncias y reconoció la legitimidad del predio. “Por cuatro ocasiones anteriores se aceptaron denuncias por hechos similares, en la misma propiedad, con las mismas víctimas y los mismos avasalladores. Ahora que finalmente se presentan con los rostros descubiertos, nos desestiman la denuncia y nos dicen que esto es delito de despojo. Es vergonzoso”, cuestionó.
La Torre también señaló al fiscal General, Róger Mariaca, por presuntamente favorecer a los grupos invasores. “¿A qué estamos jugando, señor Mariaca? ¿Qué pretende? ¿Pagar los últimos favores antes del cambio de gobierno?”, expresó.
Y advirtió que esta actuación “atenta contra la seguridad jurídica y va en contrarruta de lo que han manifestado el presidente electo Rodrigo Paz y el vicepresidente electo Edmand Lara, quienes se comprometieron a garantizar respeto absoluto a la propiedad privada”.
Problema
Por su parte, Melissa Barba, presidenta de la Asociación de Predios Avasallados y también afectada por tomas ilegales en Guarayos, sostuvo que estos hechos se repiten desde hace más de dos años sin respuesta firme del Estado.
“Nos hemos enterado gracias a la gente de la zona que esta organización criminal tiene tentáculos en el Gobierno, empezando por el señor viceministro de Tierras, que se reúne constantemente con los avasalladores”, denunció.
Barba también cuestionó al ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, a quien acusa de favorecer a sectores interculturales y de la UNICA. “Ese señor no defiende al productor que trabaja, sino a quienes se dedican a negociar tierras. Mientras tanto, el país pierde producción y los agricultores viven con miedo”, dijo.
La Asociación de Predios Avasallados anunció que presentará una petición formal al Gobierno entrante para crear una instancia especial que atienda casos de avasallamiento y garantice el derecho a la propiedad privada. “No pedimos privilegios, pedimos justicia y seguridad jurídica para seguir trabajando por Bolivia”, agregó Barba.
Hasta la fecha, esta organización contabilizó más de 160 predios tomados por estos grupos.
Gobierno culpa al congreso
En este contexto, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, defendió la política agraria del gobierno de Luis Arce y aseguró que su administración deja un país “productivo y autosuficiente”. Sin embargo, admitió que el plan que -según él- habría permitido “erradicar los avasallamientos” quedó paralizado en la Asamblea Legislativa desde hace dos años.
La autoridad, culpó al Legislativo de haber bloqueado un crédito de $us 40 millones para el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), proyecto que, según dijo, tenía como objetivo “resolver de forma definitiva los conflictos de tierras”. El ministro calificó la demora en su aprobación como un “boicot político y económico”, asegurando que el país perdió una oportunidad para sanear la propiedad agraria.
“Con ese crédito, prácticamente íbamos a radicar los avasallamientos. Lamentablemente, el proyecto está durmiendo desde hace dos años por sabotaje político”, afirmó.
Pese al discurso oficial de “estabilidad y seguridad alimentaria”, los datos y hechos muestran un panorama distinto. En los últimos años, Bolivia enfrentó un incremento sostenido de invasiones a predios agrícolas y ganaderos, que derivaron en enfrentamientos, pérdidas económicas y desconfianza en el sector productivo.
Solo en Santa Cruz, se registraron más de 200 denuncias de avasallamientos entre 2022 y 2024, según gremios agropecuarios.
El propio ministro Flores reconoció que existen tres proyectos pendientes en la Asamblea que podrían fortalecer el control territorial y el saneamiento agrario, aunque evitó mencionar las falencias internas de su cartera y del INRA, donde productores y organizaciones civiles denuncian corrupción y favoritismo político en la dotación de tierras.
Predios pendientes
Según datos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), en el país quedan 6,6 millones de hectáreas pendientes de regularización, una tarea que debía concluir este 2025.
El director del INRA, Eulogio Núñez, coincidió que el estancamiento del saneamiento de tierras se debe al bloqueo político entre el ala “evista” del MAS y la oposición, que frenó un crédito de $us 40 millones del BID destinado a financiar su última fase.
De acuerdo con los datos oficiales, hasta la fecha se regularizó el derecho propietario de 8 millones de hectáreas, se emitieron alrededor de 250.000 títulos y resoluciones finales, y más de 429.000 personas resultaron beneficiadas. Aun así, el 20% del territorio productivo del país sigue sin consolidar su situación jurídica.
El saneamiento de tierras, iniciado hace más de dos décadas, sigue siendo una de las políticas más complejas del Estado.