El Ministerio Público solicitará detención preventiva en el penal de Palmasola para tres exfuncionarios de la Aduana Nacional aprehendidos dentro del denominado caso ‘maletas’, tras ampliarse los delitos investigados por la presunta omisión en la revisión de más de 30 equipaje que ingresó al país en un vuelo chárter procedente de Estados Unidos.
La Fiscalía presentó imputación formal contra Fernando B., Olberth M. y David B. A. por los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias, por lo que se aguarda que la autoridad judicial fije fecha y hora para la audiencia de medidas cautelares. Otros dos exfuncionarios, Camila Vaca y Álvaro Alejandro Barbery, enfrentarán el proceso en libertad.
Los investigados prestaban funciones en el aeropuerto internacional Viru Viru y son acusados de no haber realizado el control de 31 maletas que fueron retiradas del recinto aeroportuario el 30 de noviembre de 2025 por la exdiputada Laura Rojas, actualmente detenida preventivamente en la cárcel de Palmasola, junto al juez Hebert Zeballos Domínguez.
Ambos son procesados por los delitos de tráfico de sustancias controladas, confabulación y asociación delictuosa, dentro de una investigación que busca esclarecer el contenido y destino final del equipaje que ingresó al país sin los controles aduaneros establecidos.
La ampliación de la denuncia se produjo luego de una acusación formal presentada por la Gerencia Regional de la Aduana Nacional ante la unidad anticorrupción de la Fiscalía, en la que se advierte que los funcionarios de turno habrían omitido los procedimientos obligatorios de revisión del equipaje arribado en un vuelo chárter desde Miami.
En el marco de la investigación, uno de los exfuncionarios, Álvaro Alejandro Barbery, declaró en calidad de testigo y aseguró que él y otros cuatro técnicos alertaron oportunamente a la Dirección Jurídica de la Aduana sobre la llegada irregular de las maletas, sin que se haya activado una denuncia formal.
Según su testimonio, la responsabilidad de denunciar recaía en las autoridades jerárquicas, ya que los técnicos elaboraron informes donde se dejó constancia de que 31 de las 32 maletas quedaron en condición de rezagadas tras el aterrizaje del vuelo chárter del 29 de noviembre de 2025.
Mientras la Fiscalía avanza con la imputación y define la situación jurídica de los exfuncionarios aprehendidos, el caso ‘maletas’ continúa generando controversia por el alcance de las responsabilidades y el rol que habrían tenido instancias superiores de la Aduana Nacional en uno de los procesos más sensibles vinculados al control aeroportuario.