De acuerdo con la versión del fiscal General del Estado, Róger Mariaca, la investigación del caso maletas inició el pasado 19 de enero de esta gestión y no el 29 de diciembre del 2025, como algunos indican. Afirma que una vez remitido el informe a la fiscal que estaba de turno ese día, se procedió con las tareas investigativas.
"(...) dicho informe, de fecha 19 de enero del año 2026, entre sus partes principales mencionaba que en el aeropuerto Viru Viru se habría estado realizando el ilícito de tráfico de armas", comenzó explicando el fiscal General.
Es así que, según el fiscal, la encargada de la investigación consideró el informe y basado en ello abre el caso, por el supuesto ilícito "en primera instancia de asociación delictuosa. Fruto de ello, en el mismo informe se pide que se pueda realizar el allanamiento de cuatro domicilios en Santa Cruz. Luego, se solicita el allanamiento al juez cautelar de turno que tenía el control jurisdiccional del caso para continuar con la investigación", apuntó.
Es así que se dio con el galpón de la supuesta empresa de seguridad del juez Hebert Zeballos, pero en el lugar se encuentra sustancias controladas "que ustedes ya conocen y que origina a que de manera inmediata la fiscal, como directora funcional de la investigación, pueda llamar al fiscal de turno de la Fiscalía Especializada en Delitos de Narcotráfico, en este caso el doctor Porras, quien ahora conoce el caso de tráfico de sustancias controladas", detalló. Es decir, Mariaca sostuvo que el caso "nace esos días, entre el 19 y 20 de enero".
Hay varios implicados y otros con detención preventiva
Desde la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) informó que cinco funcionarios de la Aduana Nacional que prestaban servicios en el aeropuerto internacional de Viru Viru fueron citados a declarar dentro de una investigación por el presunto delito de incumplimiento de deberes, en el marco del denominado caso ´maletas´, en el que se procesa a la exdiputada Laura Rojas y al juez Hebert Zeballos.
Es más, la mañana de este viernes, la mujer que fue sindicada de ser socia del juez detenido por narcotráfico, recibió una orden de detención domiciliaria durante de la audiencia de medidas cautelares, en el Palacio de Justicia de la capital cruceña.
El fiscal antidrogas, Julio César Porras, solicitó la detención preventiva por 180 días en contra de la socia; sin embargo, la justicia rechazó la misma y ordenó la detención domiciliaria de la investigada; esto debido a que la mujer tiene a su cargo un menor de 10 meses de edad y a su madre de 91 años.