El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, informó este viernes que se puso en marcha un Plan Integral para terminar con los avasallamientos en el departamento, tras una reunión sostenida con el presidente del Estado, Rodrigo Paz, y autoridades de distintos poderes e instituciones nacionales y departamentales.
En un reporte difundido en sus redes sociales, Camacho señaló que el encuentro contó también con la participación del presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, además de representantes de otras instancias públicas y privadas vinculadas al sector productivo y a la seguridad jurídica de la tierra.
“En mi calidad de Gobernador de Santa Cruz, con la presencia del Presidente Rodrigo Paz, el Presidente de la CAO y representantes de distintas instituciones, hemos puesto en marcha un Plan Integral para terminar con los avasallamientos”, señaló la autoridad departamental.
Camacho precisó que, como primer paso, los abogados de la Gobernación, los abogados de la CAO y el presidente de la Brigada Parlamentaria cruceña iniciaron el levantamiento de la documentación legal de los primeros predios que serán liberados de personas que ocuparon ilegalmente esas tierras. Añadió que en las próximas horas se desarrollará una reunión de coordinación con la Policía para organizar los operativos de desalojo.
El gobernador sostuvo que durante los últimos veinte años la lucha contra los avasallamientos se vio obstaculizada por el poder político y una justicia que calificó de parcializada. “Eso impidió que nuestra lucha tenga resultados”, afirmó, al señalar que el actual contexto político marca un punto de inflexión.
“Hoy estamos en un nuevo momento y, habiendo recuperado la democracia, hemos empezado el proceso de liberación de las propiedades productivas avasalladas, de las áreas protegidas y la protección de las comunidades indígenas que han sido asaltadas y desplazadas por los avasalladores”, enfatizó.
Camacho cerró su mensaje con una advertencia política y jurídica: “Se terminó la impunidad. Santa Cruz será un departamento libre de avasallamientos”.
El anuncio se produce en medio de una creciente presión del sector productivo y de organizaciones cívicas para que el Estado garantice la seguridad jurídica de la tierra, el respeto a las áreas protegidas y la protección de comunidades indígenas afectadas por ocupaciones ilegales.