Se acerca la época más álgida para la flora y la fauna del departamento cruceño, la de los incendios. Y los hábitos siguen siendo los mismos, sobre todo en cuanto a avasallamientos, permisos de desmontes, resoluciones de asentamientos, violación a la norma de uso del suelo, lo que hace temer un panorama complejo, especialmente en la Chiquitania, zona donde los traficantes de la tierra han puesto la mira hace varios años, tal como reflejó hace un tiempo EL DEBER con un reportaje, y desde donde continúan surgiendo denuncias de parte de las autoridades originarias.
La Fundación Tierra publicó un informe sobre la relación entre la tenencia de la tierra y lo incendios. El documento refresca la memoria, al recordar que fueron 3,6 millones de hectáreas las que se quemaron en Santa Cruz, que sumadas a las de Beni, alcanzaron las 5 millones de ha incineradas.
Según Fundación Tierra, los incendios han expuesto a la luz pública la existencia de cientos de autorizaciones de asentamientos de nuevas comunidades campesinas en Santa Cruz, además de un modelo de desarrollo que no se cuestiona.
EL DEBER entrevistó a Alcides Vadillo, director de la Regional Oriente de la Fundación Tierra, para profundizar en el tema, sus actores, responsables y dinámicas.
- ¿Quiénes son los actores en todo este problema?
Hemos hecho mucha bulla y todos nos hemos angustiado por los incendios, pero vinieron las lluvias, calmó el fuego y es como si todo estuviera bien; no estamos viendo las causas. Los temas estructurales que tienen que ver con dos elementos: el tema de la tenencia de la tierra, a partir de ahí podemos identificar los factores socioeconómicos que están en la zona, y segundo, un modelo de desarrollo que no se quiere poner en cuestión. Si alguien cuestiona el modelo de desarrollo cruceño en base a la agroindustria, aparece como enemigo de Santa Cruz y este es un discurso que se ha posicionado en el imaginario colectivo y parece peligroso.
Lo que se trata es ver qué está pasando en términos de medioambiente, producción y también en términos de tenencia de tierra. Son elementos que están interrelacionados. La Chiquitania es un área de transición entre el Chaco y la Amazonia, es Bosque Seco Chiquitano.
Se trata de una formación bastante rocosa irregular, por el precámbrico no hay agua subterránea en la región, estos elementos la vuelven un área sumamente frágil. Toda el agua que se extiende en la región chiquitana es el agua de lluvia y entre este fenómeno de la lluvia y el fenómeno del bosque hay una relación directa. A menos bosque, menos agua.
Y esto es lo que no se quiere ver, se quiere mirar que el desarrollo es deforestación y es avance de frontera agrícola, pero en los últimos quince años la Chiquitania ha perdido más del 15% de humedad. Si bien por un lado es cierto que hay un efecto de cambio climático que es mucho más global, también ese efecto de las actividades nuestras de la región.
Si uno mira los niveles de deforestación en un año, más del 50% se están realizando en la región chiquitana. Del 2014 para hoy, puede verse que los primeros diez municipios con mayor cantidad de deforestación son chiquitanos. El nivel de desmonte en la Chiquitania es muy alto, es también alto en el Chaco, en la zona de Charagua, también hay un poco en el Norte Integrado, pero en la Chiquitania es muy visible.
Hay efectos concretos: pérdida de humedad en toda la región chiquitana, ya llevamos dos años seguidos con niveles de incendios realmente desproporcionados. Si bien en 2020 hubo una actitud de mayor presencia del Estado y mayor control en los incendios, y no llegaron a la dimensión de 2019, no quiere decir que se haya actuado para evitar las causas del incendio.
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Otro fenómeno que debe analizarse es el precio de la tierra, no es lo mismo una hectárea de monte que una hectárea en el mismo lugar, pero esa hectárea sin bosque. Hay una plusvalía por el cambio de uso de suelo, que depende de la ubicación, va entre 800 y 1.200 dólares solo por este cambio. Es una dimensión económica del cambio de cobertura boscosa, entonces uno comienza a entender por qué hay cierta gente interesada en el fuego como un factor o mecanismo que elimina el bosque.
En términos de actores, en la zona hay grandes propietarios. Toda la Chiquitania tradicionalmente es la región de mayor actividad ganadera de Santa Cruz y del país. Son propiedades medianas y grandes que se dedican a la ganadería y que están en ese proceso de cambio de tierras forestales a pasturas para cría del ganado. En la región también se ha ido dando el cultivo de la soya, al ir hacia la carretera Bioceánica se evidencia que desde Pailón hasta San José todo es soya, pero además se comienza a sembrar soya de San José hacia San Rafael, Carmen Rivero Torrez, cosa que nunca pensé ver.
Hay centros de acopio de soya en Concepción, que es la parte más elevada del cerrado chiquitano, eso significa que hay productores de soya en Concepción. Hay soya en la zona de Santa Rosa de la Roca, camino a San Ignacio de Velasco, eso implica una ampliación de frontera agrícola con un sistema de cultivo que es totalmente diferente, porque no es el cultivo tradicional de la siembra del maíz o de la yuca que hace el agricultor tradicional.
En esto hay una erradicación de raíz de todo el bosque para nivelar suelos y sembrar la soya, totalmente mecanizada, entonces hay un impacto en el medioambiente mucho más alto y podemos ver una ampliación de colonias menonitas, empresarios brasileños y bolivianos, pero también viene otro actor socioeconómico, las tierras de la Chiquitania han sido calificadas como tierras forestales y fueron concesiones forestales en algunos casos y en otras se han mantenido como tierra del Estado de vocación forestal, el Gobierno las ha declarado tierra fiscal en el proceso de saneamiento.
Como son tierras fiscales, el Estado dispone qué hacer con ellas y ha empezado a entregarlas a nuevas comunidades que no son de la región, con factores que se unen en este aspecto. Hay una intención económica de dar la tierra a gente que quizás no la tiene, pero los beneficiarios son no campesinos, que llegan sobre todo de zonas urbanas, de ciudades intermedias, como Yapacaní, San Julián, Villa Tunari, Quillacollo, de Santa Cruz de la Sierra y de fuera de Santa Cruz, pero no son personas que vienen en una migración campo-campo, sino más bien militantes del partido de Gobierno que están en las ciudades y, como un bono de lealtad, se les está entregando un pedazo de tierra.
Es un mecanismo camuflado de tráfico de tierra, porque se entrega tierra a 30 familias, pero al ver esos expedientes del INRA después de dos años, la lista de beneficiarios ha ido permanentemente cambiando. Esto demuestra que hay una venta de derechos expectaticios o de posesión.
Se está haciendo tráfico de tierra a pequeña escala, pero que es totalmente censurable porque hay gente que sí necesita tierra y que es de la zona; sin embargo, se están beneficiando a ciertos sectores por intereses políticos y económicos. Se ha querido cambiar el mapa político en la región chiquitana a través de estas nuevas comunidades.
Con las pasadas elecciones pueden verse las consecuencias, como las protestas por el acarreo de personas y buena parte se debe a estas nuevas comunidades, que entre las obligaciones que tienen, además de trabajar la tierra, está en ejercicio político en lugares donde se les ha entregado tierra.
Hay elementos políticos y económicos, y grandes consecuencias ambientales y no es solo un interés o una sola consecuencia, todo un escenario en el que se juegan muchas interesantes. Y como se ha sembrado toda una narrativa de que este es el camino de desarrollo de este pueblo, pues no se quiere poner en el centro del debate un modelo de desarrollo que está generando esta conflictividad socioambiental en la región.