El Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra no ha presentado una denuncia formal en contra de los exalcaldes Percy Fernández y Angélica Sosa. Por el momento, el alcalde Jhonny Fernández solo se adhirió a la denuncia en curso contra cinco exfuncionarios por el denominado caso ítems fantasmas.
La fiscal Marcela Terceros, que integra la comisión especial del Ministerio Público, confirmó este dato a EL DEBER al asegurar que la participación de la Alcaldía cruceña se limitó a solicitar su adhesión a la denuncia ya existente.
El caso ítems fantasmas ha cobrado notoriedad pública con la divulgación de unos videos que circulaban en las redes sociales y en los cuales Valeria Rodríguez Paz denuncia a su expareja, Antonio Parada Vaca, por el delito de violencia familiar y económica.
El 1 de diciembre, la Fiscalía abrió las pesquisas de oficio por legitimación de ganancias ilícitas en contra de Parada. Terceros afirmó que se pidió el cuaderno por la denuncia de violencia a la oficina de Los Tusequis, donde Rodríguez interpuso el primer proceso.
En la documentación presentada ante el fiscal, Rodríguez entregó el comprobante de un giro por 180 mil dólares a Estados Unidos y así fue como se decide abrir la causa.
Al mismo tiempo, la representante del Ministerio Publico aseguró que, hasta el momento, la Alcaldía ni otras entidades presentaron documentación referida a los ítems fantasmas. No obstante, el proceso avanza con los indicios obtenidos en contra de Antonio Parada Vaca como son los movimientos económicos sospechosos que realizaba y no coincidían con su función e ingresos.
Alerta migratoria
La Fiscalía cuenta con una lista de 42 exfuncionarios sobre quienes se emitieron citaciones en calidad de testigos. Deben declarar conforme lo dispongan los efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), mediante la entrega de las citaciones.
Respecto al pedido de alerta migratoria y sello rojo y azul para Interpol, la fiscal aseguró que hay derechos, valores y prerrogativas de ley que se deben respetar. Aseguró que estos exfuncionarios que figuran en las listas ni siquiera tienen abierto proceso penal y no se puede solicitar alerta migratoria y menos sello rojo o azul de Interpol.