El vocero de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía cruceña, Bernardo Montenegro, se pronunció este jueves después de conocer la sentencia de tres años de cárcel que la justicia otorgó a la exsecretaria de Administración y Finanzas Sandra Velarde por el caso ‘Contratos irregulares’.
Con esta sentencia, afirmó Montenegro, se demostró “absolutamente” las reiteradas denuncias que realizaron como comuna acerca de “los robos millonarios” que cometió la anterior gestión municipal.
El vocero exigió al poder judicial y el Ministerio Público que dé celeridad y se concluya con la etapa investigativa. Apunta principalmente a la situación jurídica de la exalcaldesa Angélica Sosa para que responda ante la justicia. En consideración de Montenegro, la exautoridad debe ser sentenciada para que los presuntos recursos económicos perdidos en los ‘contratos irregulares’ puedan ser recuperados por la entidad municipal.
En una audiencia virtual que se llevó a cabo la mañana de este jueves, Sandra Velarde decidió someterse a un proceso abreviado y aceptó su culpa en el daño económico de Bs. 25,6 millones por los contratos irregulares.
Para el municipio, el proceso en investigación tiene que ver con 1.271 contratos firmados por la exalcaldesa Angélica Sosa, cuando Velarde fungía como secretaria de Administración y Finanzas. La estimación sobre el daño ocasionado por estos contratos ronda los Bs. 32 millones, según al informe de auditoría realizada por la gestión de Jhonny Fernández.
Montenegro acusó de “chicanería” a las declaraciones de Jerjes Justiniano, abogado de Angélica Sosa, quien señaló que no existe una auditoría al respecto. El vocero de Asuntos Jurídicos asegura que existe de más de 14 cuerpos de hojas y que están en manos del Ministerio Público.
“Que el señor Jerjes se preocupe de dónde vienen los fondos con los que le está pagando la arquitecta Angélica Sosa, por ahí habría que investigar eso y que no sea parte de legitimación de ganancias ilícitas”, criticó.
Desmienten “acuerdos por cargos”
Erwin Tapia, director de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía, también respondió a las denuncias planteadas por la defensa de Angélica Sosa. Acusó al abogado de Sandra Velarde, Fernando Orellana, de tener supuestos vínculos con Tapia con el fin de intercambiar cargos municipales a cambio de procesos legales.
El aludido dijo que Justiniano, “en su intento de desesperación, ha tratado de crear una novela de un consorcio”. Explicó que el hijo de Fernando Orellana ingresó en la comuna cruceña desde el 12 de marzo de 2014, pero el 11 de noviembre de este año fue desvinculado.
“Él se llena la boca diciendo que nosotros hemos contratado al hijo para que se favorezca, pero aquí estamos presentando una certificación de Recursos Humanos donde se demuestra que nosotros lo hemos desvinculado”, indicó.
Justiniano manifestó en horas de la mañana la vigencia de un acuerdo entre Tapia y Orellana, y que fruto de esa cooperación se convenció a la exsecretaria para que se declare culpable y acepte un proceso abreviado.