La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) manifestó este viernes su “profunda preocupación y rechazo” frente a los hechos de violencia registrados en la propiedad Patujú, en el municipio de Montero, donde se produjo un nuevo avasallamiento de tierras productivas. La entidad alertó que estos ataques ponen en riesgo la seguridad alimentaria del país y el clima de inversiones en Bolivia.
En un pronunciamiento oficial, el sector agropecuario exigió seguridad jurídica inmediata que garantice la protección de la propiedad privada, así como la aplicación de la ley “con todo el rigor contra los grupos delincuenciales” que atentaron contra la vida, la producción y la paz social.
“La impunidad de estos hechos genera zozobra, vulnera derechos fundamentales consagrados en la Constitución y atenta contra quienes generan producción y empleo en el país”, advirtió la organización.
La CAO recalcó que los avasallamientos no solo afectan a las familias productoras, sino también al desarrollo económico de Bolivia y al abastecimiento de alimentos. En ese marco, instó a las autoridades nacionales, departamentales y judiciales a “actuar con responsabilidad y firmeza para restablecer el Estado de Derecho”.
Finalmente, el gremio aseguró que el sector agropecuario continuará firme en la defensa de la vida, la producción y la paz social, en beneficio de todos los bolivianos.
Predio bajo control policial
El Comando Departamental de la Policía de Santa Cruz envió a efectivos de diferentes unidades especiales para intervenir la propiedad privada Patujú, en el municipio de Montero, donde se encontraba el gobernador Camacho a la espera de la liberación de trabajadores secuestrados.
El contingente policial partió de la capital cruceña en camionetas y motocicletas y llegó al predio tomado pasadas las 16:30, tras el ataque de encapuchados contra la comitiva del gobernador.
Cuando la Policía llegó a la propiedad Patujú, los encapuchados ya habían huido. Una comisión de fiscales encabezada por el fiscal departamental Alberto Zeballos también se constituyó en el lugar.
El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, informó que el operativo desplegó a más de 500 efectivos, incluidos miembros del Servicio Aéreo Policial, lo que permitió liberar a las personas retenidas desde el 27 de septiembre.
Tras seis días de tensión, los uniformados lograron tomar el control del predio cañero y escoltaron la salida de la comisión del gobernador para evitar nuevas agresiones.