Mientras el expresidente Luis Arce aguarda la audiencia cautelar que definirá su situación legal por el caso del desfalco al Fondo Indígena, el ministro de Gobierno Marco Antonio Oviedo afirmó que la investigación no debe limitarse al exmandatario, sino que debe alcanzar a todo el directorio que administraba la institución en los años del millonario daño económico.
En entrevista con EL DEBER, Oviedo sostuvo que la pesquisa debe llegar “exactamente” a la exministra de Desarrollo Rural Nemesia Achacollo, al exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana y a otros integrantes del gabinete de ese entonces. Explicó que esas autoridades tenían injerencia directa y capacidad de decisión en el manejo del Fondo, cuyo directorio estaba integrado en parte por ministros de Estado. Recordó además que Arce, cuando era ministro de Economía bajo el gobierno de Evo Morales, presidía dicho directorio.
El Fondo Indígena fue creado en 2005 mediante el Decreto Supremo 28571 y desde el inicio operó bajo un directorio multisectorial. En él participaban el Ministerio de Desarrollo Rural, encabezado por Nemesia Achacollo y a cargo directo de la entidad; el Ministerio de Planificación, primero bajo Noel Ricardo Aguirre y luego de manera interina por Walter Delgadillo; el Ministerio de Economía, ocupado por Arce; y el Ministerio de la Presidencia, dirigido por Juan Ramón Quintana. A esta estructura estatal se sumaban representantes de las organizaciones sociales del Pacto de Unidad, entre ellas la CSUTCB, el Conamaq, la Cidob, la Confederación Sindical de Colonizadores, la Asamblea del Pueblo Guaraní, la Federación de Mujeres Bartolina Sisa, la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz y la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni. Todos tenían voz y voto en la aprobación de los proyectos y en la administración de los recursos.
Además de Arce, en las últimas horas también fue aprehendida la exdiputada del MAS Lidia Patty, señalada de haberse beneficiado con 700.000 bolivianos del Fondo Indígena. Ese monto formaba parte de un proyecto de un millón destinado a la producción de tomates en ocho comunidades, iniciativa que no se ejecutó en su totalidad según la Fiscalía.
Oviedo insistió en que todas las personas que formaron parte del directorio deben ser investigadas, debido a que el manejo de los recursos fue colegiado y las decisiones no dependían de una sola autoridad. Según dijo, solo así se podrá establecer responsabilidades reales y esclarecer el daño económico generado al Estado.