El embajador de la Unión Europea (UE) en Bolivia, Jaume Segura, confirmó a EL DEBER que la demora en la presentación del Informe de Monitoreo de Cultivos de Coca 2024, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), se debe a “cuestiones técnicas” y al proceso de transición gubernamental. Aun así, aseguró que el documento será presentado antes de que concluya 2025.
“Se debe fundamentalmente a aspectos técnicos que se están terminando de ajustar y confiamos en que muy pronto, en los próximos días, se pueda presentar el informe”, afirmó Segura en contacto con este medio.
Consultado sobre si la entrega podría darse recién en enero —como ocurrió con el informe anterior, difundido en enero de 2025 por la gestión gubernamental ya saliente— el diplomático respondió: “Nuestra confianza es que va a ser incluso antes del fin de año”.
Segura aclaró que la elaboración del informe “siempre requiere ajustes” y coordinación directa con el Estado boliviano. “El informe se presenta con el Gobierno, y por tanto hay que acordar las fechas, el modo, etc. Estamos muy cerca de poderlo presentar”, añadió.
Respecto a otros países productores, como Perú o Colombia, el embajador evitó comparaciones, pero remarcó que en Bolivia la entrega llegará “antes que el año pasado, cuando se presentó un poco más tarde”.
Subrayó además que este retraso obedece también a que “ha habido un proceso electoral, nuevas autoridades, y correspondía darles ese espacio”. La expectativa de la UE es que el informe esté listo “muy pronto”.
El antecedente: un crecimiento sostenido de la coca en 2023
La demora genera expectativa debido a los datos del informe anterior. El monitoreo de la UNODC reportó que en 2023 la superficie cultivada de coca en Bolivia creció un 4%, alcanzando 31.000 hectáreas, con incrementos simultáneos en los Yungas de La Paz, el norte paceño y el trópico de Cochabamba.
Una de las mayores alarmas se registró en la provincia Ichilo (Santa Cruz), donde la coca aumentó un 121%, pasando de 181 hectáreas en 2022 a 416 en 2023, pese a ser una zona donde el cultivo está prohibido. La UNODC identificó allí presencia de laboratorios de droga, pozos de maceración, tráfico de combustibles y estructuras de narcotráfico. Incluso el exministro de Gobierno Carlos Romero calificó la región como “el epicentro del narcotráfico en el país”.
En el norte de La Paz, donde convergen rutas de ingreso de cocaína desde el Perú y zonas con asentamientos irregulares en la frontera, el cultivo creció un 20% y llegó a 483 hectáreas. La provincia Bautista Saavedra mostró un incremento del 77%, al pasar de 44 a 78 hectáreas. Mendoza advirtió en la presentación del informe que estas áreas forman parte de “rutas sensibles asociadas al tráfico ilícito”.
En el Beni, la provincia Moxos volvió a registrar 29 hectáreas de coca, cifra idéntica a 2022, en zonas limítrofes con el Chapare donde también se identificó actividad vinculada al narcotráfico.
La publicación del estudio 2024 será la primera evaluación completa sobre cultivos de coca bajo el Gobierno de Rodrigo Paz. El nuevo ministro de Gobierno, Marco Oviedo, aún no emitió un pronunciamiento sobre la fecha de entrega ni sobre los lineamientos de política antidroga. Eso sí, el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, dijo que las mediciones de las anteriores gestiones no incorporaron el dato sobre factores vinculados al potencial para procesar cocaína.