El Gobierno inició ayer el proceso de erradicación de cultivos de coca excedentaria en el trópico de Cochabamba, en una operación que marca el primer año de racionalización de estos cultivos desde la salida del Movimiento Al Socialismo (MAS) del poder. El programa cuenta con financiamiento de la Unión Europea y apoyo técnico de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).
El inicio de las tareas se produjo en la comunidad Mariposas, en el municipio de Chimoré, donde agentes antidrogas, militares y autoridades nacionales erradicaron aproximadamente 1.600 metros cuadrados de cultivos de coca, que se encontraban fuera del radio autorizado por la ley.
El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, afirmó que la intervención busca restablecer el equilibrio entre la coca legal y la coca destinada al narcotráfico.
“Busquemos el equilibrio que debemos tener los bolivianos en el control de la hoja de coca para que la legal persista y la ilegal sea destruida”, señaló la autoridad tras el operativo.
Justiniano destacó que el ingreso de autoridades de lucha contra el narcotráfico al Chapare constituye un hecho inédito en los últimos años, debido a las restricciones históricas para el acceso de instituciones estatales a esta región. “Hoy cinco de marzo marca un hito (por ayer). Se empieza a buscar un equilibrio en la producción de coca en una zona muy sensible para el país”, afirmó.
La autoridad explicó que la estrategia incorpora nuevas tecnologías, como drones y sistemas de trazabilidad, para mejorar el control de los cultivos y brindar mayor transparencia a la cooperación internacional.
Asimismo, anunció que este año se realizará un nuevo estudio sobre el consumo legal de la hoja de coca, un análisis que no se actualiza desde 2016 y que permitirá determinar cuántas hectáreas son realmente necesarias para cubrir la demanda tradicional.
Según la normativa vigente, en el Trópico de Cochabamba están autorizadas 7.700 hectáreas de cultivos de coca. Sin embargo, estimaciones preliminares señalan que la superficie sembrada podría haber alcanzado casi 15.000 hectáreas, es decir, cerca del doble de lo permitido a merced de la nueva Ley 906 que regula la producción de la coca y que en 2009 reemplazó a la emblemárica 1008.
Las autoridades estiman que en todo el país podrían existir hasta 40.000 hectáreas de coca, por lo que el Gobierno se ha fijado como objetivo erradicar o racionalizar alrededor de 10.000 hectáreas durante esta gestión.
El año pasado apenas se erradicaron 2.700 hectáreas, una cifra que el Ejecutivo considera insuficiente frente al crecimiento de los cultivos excedentarios. De acuerdo con el informe de cultivos que presentó la Unodc con datos de 2023, los cultivos estaban por encima de las 30.000 hectáreas, una cifra mayor al límite de las 22.000 permitidas, según los estudios que se hicieron en la era del MAS.
El analista Franklin Alcaraz recordó anoche que estudios previos estimaban que cerca de 6.000 hectáreas serían suficientes para cubrir la demanda tradicional, mientras que el resto de la producción termina alimentando la fabricación de cocaína. Según el experto, el principal riesgo es que Bolivia se consolide como un centro de distribución del narcotráfico en América Latina, atrayendo carteles internacionales y mayores niveles de violencia
El inicio del operativo de ayer se produjo en medio de tensiones con organizaciones cocaleras, que instalaron vigilias a lo largo de la carretera que conecta Cochabamba con Santa Cruz. Dirigentes de las Seis Federaciones del Trópico movilizaron a cerca de 20.000 productores, quienes aseguraron que la medida es preventiva, ante denuncias de un supuesto plan gubernamental para detener dirigentes de la región.
Las vigilias se desplegaron en al menos 24 puntos de la vía interdepartamental, desde Locotal hasta Bulo Bulo, aunque los dirigentes afirmaron que las movilizaciones se realizan de manera pacífica y sin interrumpir el tránsito.
Pese a la tensión inicial, el viceministro Justiniano señaló que se logró un acuerdo con las federaciones cocaleras para avanzar con el proceso de racionalización.
“Tanto el Gobierno como los productores coincidimos en que debemos combatir el narcotráfico y no permitir que haya coca ilegal destinada a la producción de cocaína”, afirmó Justiniano anoche en el progama Otra Noche con Sissi Áñez, que se difunde a través de las plataformas de EL DEBER.
El Gobierno busca que el nuevo proceso de erradicación marque una etapa de mayor control estatal para frenar cocales ilegales.