La seguridad de los datos personales y propiedades de las personas en manos de un partido político es lo que alarmó a abogados y diputados que lanzaron críticas a la intención de que Derechos Reales (DDRR), la oficina que registra propiedades de los bolivianos, pase al ministerio de la Presidencia. Mientras la diputada proyectista lanzó diatribas en contra del Consejo de la Magistratura.
“La transferencia del Registro de Derechos Reales al Órgano Ejecutivo compromete la seguridad jurídica, debilita la confianza en el sistema de propiedad y expone a los ciudadanos a posibles injerencias políticas en un derecho fundamental”, señala la protesta que hizo conocer el Consejo de la Magistratura este lunes.
La diputada suplente, Claudia Bilbao (PDC), presentó un proyecto que plantea el paso de toda la estructura de Derechos Reales a tuición del ministerio de la Presidencia. La oficina de DDRR es la que registra todas las propiedades de bienes inmuebles del Estado y cualquier trámite sobre ese tema se maneja en las oficinas distribuidas en todo el país.
“Son unos sinvergüenzas, les mandamos PIE’s les decimos que en derechos reales hay semejantes denuncias y la señora (Gabriela) Araoz nunca se ha pronunciado y hoy día se pronuncia para decir que Derechos Reales no vaya al Ejecutivo, que ella me muestre en qué parte de la Constitución dice Derechos Reales es parte de la Magistratura, no está”, dijo Bilbao sobre su propuesta.
El abogado Johnny Burgoa Esprella, experto en temas tributarios, también observó la injerencia política en los actos administrativos y jurisdiccionales y dijo que una ley de semejante envergadura no puede ser aprobada sin un debate y socialización, previos.
“Cualquier iniciativa legislativa en este sentido debe estar acompañada de un candado de seguridad informática y una estructura de autonomía de gestión. Aunque se busque mayor eficiencia administrativa bajo el Ejecutivo, el costo político y el riesgo de vulnerar la privacidad patrimonial de los bolivianos son factores que exigen un debate profundo”, dijo el jurista.
En su perspectiva existen una serie de factores que deben ser tomados en cuenta, desde el personal técnico que atiende las oficinas, la infraestructura, los recursos que genera y que sirve al Órgano Judicial, sin embargo, el principal es el uso político de los datos personales de la ciudadanía.