La diputada alteña Claudia Bilbao del Partido Demócrata Cristiano (PDC) de la facción afín al Gobierno de Rodrigo Paz, busca que el Registro de Derechos Reales, hasta la fecha bajo tuición del Consejo de la Magistratura – que es parte del Órgano Judicial – pase a depender en su totalidad del Ministerio de la Presidencia.
Desde Sucre, la Sala Plena de la Magistratura, expresó su rotundo rechazo a esta intención y afirmó que la posible transferencia de Derechos Reales a manos del Ejecutivo “compromete la seguridad jurídica, debilita la confianza en el sistema de propiedad y expone a la población a posibles injerencias políticas en un derecho fundamental”.
Se trata del proyecto de ley número 294/25, “Ley de transferencia y modernización de Registro de Derechos Reales al Órgano Ejecutivo”, que fue presentado por la diputada Bilbao el 4 de marzo y en cuya exposición de motivos argumenta la “necesidad” de transferir Derechos Reales para implementar el “gobierno electrónico” en los trámites de esta instancia, porque según Bilbao, el Órgano Judicial “por su naturaleza presupuestaria, ha priorizado siempre el gasto corriente sobre la inversión tecnológica”.
Asimismo, dice que bajo el mando del Ministerio de la Presidencia, la gestión de Derechos Reales “queda sujeta al control social directo, a la fiscalización legislativa inmediata y a procesos de auditoría administrativa que en el Judicial suelen quedar en la impunidad bajo el escudo de la ‘independencia de poderes’”.
Es por eso que, en los primeros artículos de su proyecto de ley, Bilbao busca la “transferencia de las atribuciones, funciones, activos y presupuesto de la oficina de Derechos Reales, actualmente dependiente del Consejo de la Magistratura (Órgano Judicial), al Órgano Ejecutivo, bajo la tuición directa del Ministerio de la Presidencia”.
Una vez transferido el Registro de Derechos Reales, “ se crea la Dirección Nacional de Registro Propietario (DINAREP) como una entidad pública descentralizada, con personalidad jurídica y patrimonio propio, bajo tuición del Ministerio de la Presidencia”.
Y en el plazo de 180 días, el Consejo de la Magistratura deberá transferir todas las bases de datos, sistemas informáticos, archivos físicos y expedientes, a Presidencia, así como todos los bienes inmuebles y muebles de Derechos Reales que ahora están bajo tuición del Consejo de la Magistratura.
Rechazo del Consejo de la Magistratura
En un pronunciamiento público, la Sala Plena del Consejo de la Magistratura rechaza la intención del oficialismo de que se transfiera el Registro de Derechos Reales al Ministerio de la Presidencia porque “compromete la seguridad jurídica, debilita la confianza en el sistema de propiedad y expone a los ciudadanos a posibles injerencias políticas en un derecho fundamental”.
Los magistrados argumentan que la seguridad jurídica de la propiedad “no puede estar sujeta a estructuras administrativas de carácter político, sino que debe mantenerse bajo un sistema institucional independiente, técnico y garantista”.
Es por eso que los magistrados piden a la Asamblea Legislativa a abrir un debate técnico constitucional e interinstitucional serio, incorporar a todos los actores del sistema judicial y registral en dicho análisis y debate y priorizar las reformas estructurales que fortalezcan, y no debiliten, la institucionalidad del Estado.
No es la primera vez que el gobierno de turno pretende tener el control del Registro de Derechos Reales. Hace tres años, en el gobierno de Luis Arce, mediante un anteproyecto de ley, ya se intentó transferir el registro de propiedad de bienes inmuebles al extinto ministerio de Justicia, bajo el mismo argumento: modernizar esta unidad, digitalizar los trámites y hacer un registro único creando un sistema de interoperabilidad con seis instancias: La Dirección del Notariado Plurinacional (Dirnoplu); el Servicio General de Identificación Personal (Segip); el Servicio de Registro Cívico (Serecí); el Servicio de Impuestos Nacionales; el Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT) y los gobiernos municipales.
El Registro de Derechos Reales funciona bajo una norma que tiene más de 100 años. Se trata de la “Ley de Inscripción de Derechos Reales” del 15 de noviembre de 1887, promulgada por el entonces presidente Gregorio Pacheco.
En la actualidad su aplicación es obsoleta y trajo consigo varios actos y denuncias de corrupción, según el gobierno del expresidente Arce.