A menos de un mes de las elecciones generales, el Gobierno boliviano activó un plan nacional de seguridad para proteger el proceso electoral, luego de que la dirigente del Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-Bol), Ruth Nina, fuera detenida por lanzar amenazas de violencia al indicar que el día de los comicios en vez de contar votos se van a contar muertos.
Este sábado, Nina fue enviada al penal de San Sebastián con detención preventiva. Enfrenta cargos por amenazas, estigmatización pública del delirio y delitos contra procesos electorales. “Ya ha ingresado al recinto. Está siendo investigada por generar un perjuicio al proceso democrático”, explicó el ministro de Gobierno, Roberto Ríos Sanjinez.
Durante una conferencia en Cochabamba, Sanjinez aseguró que la Policía actuó de manera oportuna para neutralizar el riesgo y activar mecanismos de inteligencia y judicialización. “Se pretendía afectar el proceso, pero se logró contener a tiempo”, dijo.
El ministro presentó también un diagnóstico de zonas sensibles, donde se ha identificado riesgo de conflictividad en función de la competitividad electoral y antecedentes de violencia política.
En ese marco, anunció la implementación de un plan de seguridad interinstitucional, encabezado por la Policía Boliviana y coordinado con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que asumirá el mando de la fuerza pública el día de la elección.
“Llamamos a los actores políticos y a la población a no dejarse llevar por provocaciones. Lo que está en juego es la paz y la institucionalidad del país”, advirtió Sanjinez.
El plan incluye vigilancia en los centros de producción de material electoral, custodia durante el traslado a los tribunales departamentales, y operaciones especiales antes, durante y después del voto.