Seis efectivos de la Policía Boliviana resultaron heridos en medio de protestas protagonizadas por afiliados de la Central Obrera Boliviana (COB), quienes utilizaron petardos, piedras e incluso cachorros de dinamita. Para contener los ataques, la Policía respondió con gases lacrimógenos.
El choque dejó además un minero aprehendido. De acuerdo con el coronel Javier Salgueiro, los policías lesionados fueron evacuados de inmediato a dependencias de la Caja Nacional de Salud (CNS) para recibir atención médica.
Desde el Policlínico de la CNS se informó que uno de los efectivos presenta un hematoma en el tórax, otro una lesión en la mano y un tercero sufrió una fractura en el brazo, por lo que fue derivado al Hospital Obrero. Los otros tres policías fueron dados de alta en buenas condiciones, mientras que los restantes continúan bajo observación médica, fuera de peligro.
Los hechos reavivaron el debate sobre el uso de explosivos en manifestaciones sociales, una práctica expresamente prohibida por el Decreto Supremo 2888, promulgado en septiembre de 2016. Esta norma establece la prohibición del uso, tenencia y porte de explosivos, artefactos improvisados y materiales inflamables en marchas, huelgas y movilizaciones, tanto en áreas urbanas como rurales, por representar un peligro para la vida, la integridad física y la propiedad pública y privada.
“Este decreto se dictó en cumplimiento de la ley 400 que regula la tenencia de armas”, apuntó el constitucionalista José Luis Santisestevan.
El decreto se sustenta en la Constitución Política del Estado, que garantiza el derecho a la vida y a la integridad física, así como el derecho a la reunión pacífica y sin armas. Además, respalda la actuación policial en el secuestro e incautación inmediata de explosivos y advierte que el incumplimiento de la prohibición deriva en responsabilidad penal, conforme al Código Penal y a la Ley 400 de Control de Armas, Municiones y Explosivos.
Tras los enfrentamientos, dirigentes de la COB ingresaron a un diálogo con el Gobierno que no logró acuerdos. A su salida, anunciaron “la radicalización” de las medidas de presión desde este miércoles, en rechazo al Decreto Supremo 5503. En respuesta, el Gobierno afirmó que las protestas “están cayendo una a una” y ratificó la instalación de mesas técnicas con otros sectores sociales, mientras condenó el uso de explosivos en movilizaciones por el riesgo que implica para la ciudadanía y para los propios efectivos del orden.