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Procesan a Achacollo por hechos que no se investigaron en 2016

Miércoles, 11 de febrero de 2026 a las 06:56
La exministra Nemesia Achacollo y en recuadro la orden de aprehensión anulada en 2016.

La exministra de Evo debe comparecer hoy en la Fiscalía de La Paz por un caso asociados desfalco del Fondo Indígena. El exfiscal del caso y el abogado del fallecido Marco Aramayo creen que hubo protección política.

La exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, comparecerá hoy 11 de febrero ante la Fiscalía Departamental de La Paz en el marco de un nuevo proceso penal vinculado al desfalco del Fondo Indígena. Se trata de hechos que no fueron investigados en 2016 y que ahora derivaron en la ampliación de la investigación dentro de una causa distinta al proceso principal por los denominados “proyectos fantasmas”.

De acuerdo con la Fiscalía, el nuevo proceso se origina en una denuncia presentada en noviembre de 2025 por el Fondo de Desarrollo Indígena (FDI), institución que sucedió al Fondo Indígena. La denuncia apunta a la presunta mala administración de Bs 669.876 que fueron depositados en cuentas particulares de la entonces diputada del MAS, Lidia Patty, recursos destinados a la implementación de carpas solares para el cultivo de tomates en ocho comunidades de la provincia Bautista Saavedra. Las obras no fueron ejecutadas.

El proyecto había sido aprobado en 2010 por un monto total de Bs 9,9 millones y el desembolso parcial se realizó bajo el argumento de beneficiar a la organización de Mujeres Bartolina Sisa. En esta causa también fue imputado el entonces ministro de Economía y miembro del directorio del Fondo Indígena, Luis Arce, debido a que, según la Fiscalía, autorizó el traslado de recursos de una cuenta fiscal a una cuenta particular. Achacollo fue incluida en la ampliación de la investigación porque  formaba parte del directorio del Fondo Indígena en su calidad de ministra

El fiscal Miguel Cardozo explicó que la responsabilidad administrativa de la exministra era verificar que los proyectos cumplieran los requisitos técnicos y legales antes de su aprobación. Sin embargo, según las actas del directorio, Achacollo se ausentó de varias reuniones, pero firmó la aprobación de proyectos que presentaban observaciones.

Este proceso se suma al caso principal del Fondo Indígena, que se originó tras un informe de la Contraloría General del Estado que, en 2014, detectó 153 proyectos “fantasma”, con un daño económico estimado en $us 171 millones. Por ese caso, Achacollo y otras 13 personas, entre exfuncionarios y exdirigentes de organizaciones sociales afines al MAS durante el gobierno de Evo Morales, deben enfrentar este año un juicio por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

 

Análisis jurídico

Para el exfiscal del caso, Anghelo Saravia, los nuevos hechos que involucran a Achacollo no fueron investigados en 2016. “El nuevo proceso que se le inició a la señora Nemesia Achacollo y al señor Luis Arce no fue investigado en su momento. Si no hay hechos nuevos en el cuaderno de investigaciones, no puede hablarse de doble juzgamiento, porque estos indicios no formaron parte del primer proceso”, afirmó.

En la misma línea, el abogado Héctor Castellón, defensor del exdirector del Fondo Indígena, Marco Antonio Aramayo —fallecido en 2022—, sostuvo que el caso del Fondo Indígena tiene dos niveles de responsabilidad: el manejo económico de los recursos y la responsabilidad administrativa de las autoridades que debían fiscalizar los proyectos.
“El componente administrativo puede ser individual o genérico. En el primer proceso, la responsabilidad administrativa de Achacollo, como presidenta del directorio del Fondo Indígena, no fue investigada a fondo”, señaló.

Saravia afirmó que, en su criterio, la exministra incumplió sus funciones como máxima autoridad del Fondo Indígena y que en 2016 no se permitió avanzar en todas las líneas de investigación. “Existió protección política. Incluso se anuló la primera orden de aprehensión que emití contra la señora Achacollo y se modificaron actuaciones en el cuaderno de investigaciones”.

Para Castellón, el primer proceso no agotó la investigación sobre las responsabilidades de las autoridades que debían fiscalizar los 153 proyectos observados por la Contraloría. “En ese caso solo se simuló una investigación para aparentar que se iba a sancionar a quienes no cumplieron su deber de control”, sostuvo. Sin embargo, firmó la aprobación de los proyectos presentado por la exdiputada Patty, los que tenían varias observaciones.

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