Unas cuatro aplicaciones digitales, incrustadas en Facebook y otras redes sociales de uso masivo, se usaban como anzuelo para captar a personas urgidas de dinero. Con intereses de hasta 40% y montos de hasta Bs 10.000 a cambio de los datos personales, miles de personas accedían a esos recursos en Bolivia y otros cuatro países, según datos de la Policía. Este reporte corresponde a los primeros hallazgos divulgados esta semana tras una operación ejecutada por la Policía Boliviana en Santa Cruz, donde se desbarató a una empresa, constituida como Legend Global SRL. Desde estas oficinas se hacían cobros y se amenazaban a los urgidos prestamistas. Desde Santa Cruz se establecían contactos con víctimas en Perú, Ecuador, Chile y México; mientras que a los prestamistas bolivianos se los extorsionaba desde Ecuador. Este modus operandi continuará con la solicitud de cooperación internacional, informó el Comandante General de la Policía Boliviana, Álvaro José Álvarez. “Plata o plomo”, “No permitas que matemos a tu gente”. “Pague de una vez y evite la cobranza presencial en su domicilio”, se lee en los mensajes interceptados por agentes del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (Daci) de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). La operación, precedida de un “patrullaje digital”, comenzó hace un mes. La extorsión seguida de las amenazas se aplicaba desde el mismo momento de acceder al préstamo, porque los delincuentes se descontaban el interés. Es más, una vez que el deudor llegaba a pagar el monto de dinero a la empresa, esta automáticamente le asignaba otro que no había pedido y con eso entraba otra vez a pagar intereses. La Policía calcula que unas 1.080 víctimas cada día eran contactadas por esta red criminal con lazos internacionales. El número está asociado a la cantidad de personas que “caían” a la tentación de hacer un clic en la aplicación. Al hacerlo, todos los datos personales y de sus contactos pasaban a las bases de datos de la empresa extorsiva. El miércoles, cuando la Policía intervino una oficina en la Avenida San Martín de Equipetrol, se detuvo a 117 personas, la mayoría de ellos jóvenes que habían sido captados por esta empresa para formar parte del call center. La empresa cuenta con NIT y registros legales, pero en realidad era un ‘call center’. Captaban personas para trabajar, a quienes se les exigían requisitos, como: cédula de identidad, domicilio conocido, certificado de antecedentes penales y una cuenta bancaria. Pero uno de los requisitos indispensables era tener un equipo celular con capacidad de almacenar dos chips o dos equipos. El personal era sometido a capacitación, porque se amparaban en una empresa cuya constitución estaba legalmente establecida para hacer estudios de mercados o realización de encuestas, que nunca realizó. En Bolivia estaba funcionando desde diciembre del año pasado, aunque anteriormente operaban de la misma manera en otros países. Mediante aplicaciones tenían acceso a toda la agenda de contacto del deudor. Luego, a través de la aplicación Zoiper Beta, los consultores de cobranza llamaban -sin ser identificados- al deudor para el cobro. Las extorsiones empezaban cuando comenzaban a los pagos, porque cuando esta persona bloqueaba el número de la empresa, ellos se encargaban de extorsionar a los allegados, familiares, en función a la calidad y frecuencia de contactos que identificaban. Cada trabajador que captaban tenía una especie de planilla para cobrar a diez personas cada día. Ellos generaban su libro diario de las acciones que realizaban en cada jornada. La investigación policial reveló que la organización estaba liderada por un ciudadano chino, Lei Z., quien era el accionista mayoritario de la empresa fachada. Su socia era una joven boliviana de 19 años, Sofía R.V. El subjefe de la organización era un colombiano de nombre Miguel Ángel R.F., quien se desempeñaba como traductor del chino y estaba a cargo del área administrativa. Percy R.D. era el encargado de Recursos Humanos y se encargaba de reclutar personal, exigiéndoles requisitos, como documentos de antecedentes penales y dos teléfonos celulares. Marcelo T.M. era el responsable de capacitar a los nuevos empleados y presentaba la empresa como un Estudio de mercados de realización de encuestas. Los cobros a las víctimas estaban a cargo de diferentes personas según la nacionalidad del deudor. Franco P.R. era el líder peruano, mientras que Gianella M.M. se encargaba de las víctimas de Ecuador y Luis A.F. de las de México y Chile. Adriana R.M. era la controladora de calidad y Fiorela S.V. la encargada de Recursos Humanos.El operativo
Estructura de la organización
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