El Decreto Supremo 5515, que permite al presidente Rodrigo Paz ejercer sus funciones desde el exterior utilizando la tecnología causó una polémica, debido a que supuestamente se estaría vulnerando las funciones del vicepresidente del Estado cuando el primer mandatario no está en el país. Sin embargo, el viceministro de Transparencia y Seguridad Jurídica, Yamil García, indicó a EL DEBER que con la norma promulgada “no se está limitando las funciones del vicepresidente” Edmand Lara y que, al contrario, se está modernizando la administración pública.
“Lo que ha sucedido es simplemente que se ha pretendido modernizar la administración pública, incorporando estos mecanismos tecnológicos, pero no tiene esto como finalidad afectar las funciones propias del vicepresidente. El vicepresidente tiene sus funciones constitucionalizadas y no se han alterado en absoluto las mismas”, indicó García en contacto con el medio.
Según explicó el viceministro, la norma no afecta en sí a las funciones de Lara y que solamente está haciendo una modificación a otro decreto supremo, por lo que lo consideró el “ejercicio de la potestad reglamentaria a través de decretos supremos es absolutamente constitucional”.
“Recordemos que Presidencia, Vicepresidencia, Ministerios y demás entidades, todos, absolutamente todos, somos parte del órgano ejecutivo que tiene que ser regulado a través de decreto supremo. En segundo lugar, es importante señalar que este decreto tampoco está inventando la pólvora, lo llamaríamos así. Este decreto lo que está haciendo es simplemente una adaptación de las posibilidades tecnológicas actuales al ejercicio de la función pública”, agregó la autoridad.
Añadió que, al no vulnerar las funciones del segundo hombre del país, este debe dar cumplimiento al artículo 174 de la Constitución Política del Estado (CPE) y que una de sus principales funciones “es de coadyuvar con el presidente en la dirección de la política general del gobierno, por lo que este desarrollo reglamentario instrumental tiene como finalidad justamente cumplir con esta disposición constitucional”.
Paz asistirá al Foro Económico Mundial en Suiza, evento que se realizará del 19 al 24 de enero, por lo que el mandatario estará fuera del país por cinco días. Consulado sobre el viaje y sobre si Paz le entregará el “bastón de mando” a Lara como lo hacían los anteriores gobiernos, García afirmó que “en primer lugar, no existe una sucesión presidencial de facto o automática, porque él no está pidiendo un permiso de viaje para asuntos personales. Está yendo a cumplir una función propia como presidente del Estado”.
Además, explicó el viceministro, que “en segundo lugar, el presidente está siendo habilitado a través de la Agetic de todos los mecanismos tecnológicos necesarios para poder estar en sincronía con todas las actividades de gobierno, por lo que en este caso concreto no se debe entender a el viaje como una ausencia necesariamente, ya que la ausencia tiene que generar un impedimento y en este caso no existe ese impedimento, ya que el presidente va a poder interactuar de manera legal y de manera legítima en todas las actuaciones del Estado”.
Afirmó que, cuando Paz deba ausentarse por razones personales o de viajar y se vea impedido de estar en la Presidencia, se “le va a comunicar formalmente al vicepresidente diciéndole durante este tiempo usted va a asumir el ejercicio de presidencia, inclusive se le van a facilitar todos los medios para que se pueda concretizar este fin constitucional de la dirección de la política general del gobierno”, pero aclaró que “no va a ser en este viaje al menos”.
El Decreto Supremo generó una serie de criticas por parte de algunos analistas y de exautoridades. Por ejemplo, el exministro de Justicia puesto por Lara, Freddy Vidovic, indicó que la norma “pretende reducir las funciones constitucionales del Vicepresidente del Estado, resulta especialmente preocupante que, una vez más, se intente usurpar competencias vicepresidenciales, esta vez en favor del Ministro de la Presidencia (José Luis Lupo), una autoridad no electa democráticamente y que, por tanto, no representa la voluntad popular".
Sin embargo, García negó aquella posibilidad y afirmó que quién debería resolver ese tema es el Tribunal Constitucional, no analistas porque estas personas “tiene un interés político en que las medidas de gobierno tengan un retroceso”.