Mafias operan en el corazón del parque Amboró

*** Esta investigación se realiza en alianza con Mongabay Latam

Pablo recuesta su cabeza sobre una mochila, cruza las manos por debajo de la nuca y pone una pierna sobre la otra. Después de la caminata de nueve horas continuas que acaba de realizar, de cruzar una innumerable cantidad de quebradas, de trepar como un gato montés los abruptos farallones del parque nacional Amboró, el descanso es bienvenido. No es la primera vez que hace esta caminata, tampoco es la más larga, se conoce esta área protegida que provee el 35% de agua a la ciudad de Santa Cruz como a la palma de su mano.

—La primera vez que vine no tenía idea de que esto era un parque. Me dijeron que era una comunidad con la que compartiría las ganancias por cortar mara y que hasta podía acceder a un pedazo de tierra, pero ese día por un pelito me agarran los ‘parcas’.

En la jerga de los madereros, los ‘parcas’ son los guardaparques. Pablo ya tenía experiencia en el negocio de la madera cuando, en 2015, llegó de su natal La Paz al norte de Santa Cruz. Aquel día de junio, recuerda, que a diferencia de los demás, lo que hizo fue saltar a un lado del camino (que más que caminos son sendas) y ocultarse. Quedarse quieto. Ahora, las cosas son muy diferentes, ya no trabaja en el parque como maderero sino como guía, y es lo que hace desde 2017 cuando por sacar un cargamento de mara terminó en prisión. No olvida que quien ‘lo vendió’ ante las autoridades fue otro maderero.

El Amboró -donde convergen los bosques húmedos de la Amazonía con las pampas de los Andes y los chaparrales secos del Chaco-es simplemente una obra ecológica que anida un registro de 289 especies de mariposas, 109 de peces, 105 de reptiles, 820 de aves, 127 de mamíferos y casi 3000 de plantas. Este ecosistema único de Bolivia, sin embargo, está siendo diezmado por el crimen organizado liderado por madereros y narcotraficantes. Por ahora, el Estado y los nueve municipios que lo comparten no hacen mucho para revertir esta situación. Solo basta revisar un dato clave: 9 guardaparques tienen a cargo el cuidado de 636.000 hectáreas que tiene de superficie.

Un riachuelo en el parque nacional Amboró | Foto: Nelfi Fernandez Reyes

Es “humanamente imposible”, decía en el 2015 el entonces viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, sobre la tarea de vigilar cada movimiento en el Ichilo, provincia donde tres (Yapacaní, San Carlos y Buena Vista) de sus cuatro municipios albergan una porción del parque nacional creado en 1995 para proteger su biodiversidad. “Hay miles de desvíos, si no es por los caminos es por los ríos. De noche trasladan coca sin ningún tipo de autorización”, afirmaba en aquel entonces Cáceres, y eso incluía al área protegida. 

Por el lado de la provincia de Ichilo, el Amboró se aproxima a los linderos del trópico de Cochabamba donde está enclavado otro parque, el Carrasco, uno de los más afectados por el narcotráfico. Ahí, en 2018, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) contabilizó 96 hectáreas de cultivos de coca, mientras que en el Amboró, 19.

El Amboró “se encuentra plagado de sembradíos de la hoja de coca”, dice el excomandante de la Policía de Santa Cruz, Juan Carlos Ramos. Y donde este producto esté presente, prosigue, se encontrará la cadena del narcotráfico como es el caso del transporte, la fabricación y comercialización de la cocaína. 

Actualmente, ingresar a este parque y a otros donde operan las mafias, es una tarea reservada para valientes. Si alguien ajeno a la zona trata de hacerlo, hay comunarios encargados de advertirle que allí no es bienvenido y de alertar a la organización criminal que hay visita no deseada en el lugar. También hay comunarios -que sobreviven en este escenario violento- que denuncian las actividades ilegales y piden “que se haga algo”.

Estos testimonios fueron recogidos por un equipo periodístico de EL DEBER y Mongabay Latam que ingresó al Parque Nacional Amboró, por el sector del municipio de Yapacaní. Algunos de los nombres se mantendrán en reserva por seguridad, como el caso de nuestro guía Pablo*, para evitar poner en peligro su vida.

El equipo periodístico de EL DEBER y Mongabay Latam ingresando al parque Amboró | Foto: Nelfi Fernandez Reyes

Coca ilegal

El objetivo era corroborar lo que manifestaron quienes pidieron el anonimato: actividades relacionadas con el narcotráfico, cacería ilegal y tala de árboles maderables dentro del parque. 

No se había avanzado ni media hora desde que se abandonó la carretera que conecta a Santa Cruz con Cochabamba, cuando apareció el primer puesto de control que funciona más para saber quién entra y sale del parque —nos cuenta Pablo, nuestro guía en este recorrido— que para detener la ilegalidad.

En el área natural de manejo integrado (ANMI) —que también forma parte del área protegida y donde están establecidas comunidades indígenas y campesinas—, en el sindicato San Salvador, se encontró un pueblo fantasma, con casas abandonadas, incluida la escuela y la iglesia. Solo el rastro de lo que en otros tiempos fueron plantaciones frutales o cultivos y una que otra casa con acabado más elaborado. 

Con el tiempo, explica un comunario, por el mal estado de los caminos y el difícil acceso a los mercados para vender su producción, la gran mayoría de los colonos, que llegó a ese lugar a partir de la década de los 80, se vio obligada a vender sus terrenos o abandonarlos e irse a vivir a las ciudades capitales más cercanas. San Salvador no es el único sindicato que está asentado en la zona ANMI del Amboró.

Después de tres horas y medias de recorrido, el equipo se divide en dos: uno se queda a hacer guardia en el vehículo y el otro ingresa al parque. Una vez que se cruza la línea roja —donde la ley manda que solo se realicen actividades para la investigación, ecoturismo y monitoreo de procesos ecológicos— se encuentra todo un circuito de sendas con cartuchos de bala regados por el suelo, latas de cerveza, cajetillas de cigarrillos y plásticos.

Latas de cervezas en el parque nacional Amboró | Foto: Nelfi Fernandez Reyes

Y una hora después, aparece el primer cultivo de coca, a 200 metros de la cuenca alta del río Yapacaní. El extécnico del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), Román Vitrón, que se ha unido al recorrido, calcula que los aproximadamente dos catos de coca (un cato abarca 1.600 metros cuadrado) que acaban de aparecer en medio del trayecto tienen tres meses de vida.​

De ser así, esto significa que el desmonte y posterior quema se realizaron en la temporada de los incendios que arrasaron, a fines del 2019, con más de seis millones de hectáreas de bosques en Bolivia. 

Desde el primer cocal y luego de dos horas de subir y bajar por la ondulada topografía, el GPS conduce a otros dos cultivos de la hoja milenaria de, aproximadamente, una hectárea cada uno. Ya habían sido abandonados, pero “el daño ya está hecho”, reflexiona Vitrón, que desde 2013 ha hecho frente a madereros y cultivadores del arbusto base para la elaboración de la cocaína. Incluso, explica, insistir que se intervenga con operativos le costó su puesto en el Sernap, en septiembre de 2019.

El ingeniero ambiental se detiene, mira la escena y lamenta la tala de árboles que tienen decenas de años de vida. Sabe que al cortarlos se daña el ecosistema, que debería estar protegido por formar parte de un parque nacional. 

Una planta de coca dentro de un cultivo encontrado en el parque nacional Amboró | Foto: Nelfi Fernandez Reyes

Quienes talaron el Amboró para sembrar coca abandonaron los dos chacos, pero no su intención de volverlo a hacer. A pocos metros de distancia del primer barbecho, en una especie de campamento improvisado y liadas con carpas, se encontraron máquinas sembradoras, herramientas para el desmonte, fumigadores y productos químicos.

Lo que está pasando en el Amboró no es ignorado por las autoridades.

—La coca que se siembra en estos parques no está destinada al acullico ¿cierto?

—Ninguna parte de la coca excedentaria, llamada coca ilegal, va al acullico.

Quien responde es el actual viceministro de Defensa Social, Jaime Zamora. La autoridad, antes de que la enfermedad del Covid-19 sea declarada pandemia, decía que la prioridad del Gobierno de Jeanine Áñez eran los parques, pero hasta principios de marzo, cuando se le realizó la entrevista, no habían comenzado las tareas de erradicación, pese a que un mes antes habían sido anunciadas con bombos platillos por el ministro de Gobierno, Arturo Murillo.

—Desde el anuncio de que se iban a recuperar los parques, ¿cuánto se ha avanzado?

—Se están realizando tareas de Inteligencia primero para identificar varias cosas porque lo otro es hacer rastrillaje y en el tema operativo, al ser los parques tan extensos, no nos da.

El Gobierno de transición incluso acusó al gobierno de Evo Morales de haber fomentado el narcotráfico. En lo relacionado a los parques, el ministro de Gobierno fue directo y dijo que recibieron áreas protegidas “plagadas” de coca ilegal.

El Informe de Monitoreo de Cultivos de Coca 2018 de la UNODCC, presentado en agosto de 2019, encontró que de las 23.100 hectáreas de coca que hay en Bolivia, 224 están en seis de los 22 parques nacionales. Además que la coca desviada al narcotráfico bordeó las 331 toneladas métricas.

Ese mismo año, el Departamento de Estado de Estados Unidos presentó ante el Congreso de ese país el Informe de la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos, documento en el que Bolivia figura como el tercer mayor productor de “coca y cocaína en el mundo”.

Sobre la producción de drogas, el texto señala que “la producción potencial de cocaína pura en Bolivia sigue siendo históricamente alta en 249 TM (toneladas métricas) en comparación con las 170 TM de hace una década”. También se refiere a la cocaína peruana y califica a Bolivia de ser zona de tráfico para la droga que produce el país vecino.

Sin embargo, el parque no solo es acechado por el narcotráfico, la tala selectiva ilegal sigue diezmando árboles milenarios que son vitales para el funcionamiento del ecosistema.

Piratas de la madera

En las nueve horas de recorrido dentro del Amboró, no se encontró un solo árbol de mara o caoba, especie maderable que junto al cedro fue incluida en 2001 en la lista de especies protegidas de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, por sus siglas en inglés). Lo que sí se encontraron fueron vestigios de árboles talados.

Pablo explica que el saqueo de la madera de los parques involucra a toda una cadena que comienza por el inversionista. Este personaje es el que pone el dinero para contratar al cortador, acarreador, callapero, cocinero, camionero y a las ‘campanas’, como se llama a las personas que avisan sobre cualquier presencia foránea en el parque. Esta organización se mantiene hasta que el producto llega a manos del comprador. La mayoría de la madera que sale de Yapacaní se distribuye en ese municipio.

Según la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), solo en el 2019 en el Amboró se incautaron 1.064 metros cúbicos de madera en troza y 6.786 pies tablar de madera aserrada. Al haberse explotado por años esta área protegida, ahora los madereros ilegales caminan hasta tres días desde donde los deja la movilidad, al borde del parque, para encontrar mara o cedro. Pablo empezó en esta actividad a los 13 años, cuando abandonó su hogar, y desde entonces ha pasado por todos los oficios de esta cadena. 

—Mi padre quería que estudie, pero no había plata ni para la comida. No me quedó otra opción. Mi primera vez fue en Altamachi (Cochabamba). No podía acarrear, llorando lo hacía, las piernas me temblaban.

En cuanto pudo aprendió a cortar, luego se compró su motosierra y así recorrió las Yungas de La Paz, el trópico de Cochabamba y Beni, hasta que se trasladó al norte de Santa Cruz. De ese modo da fe de que entre 2015 y 2017 salían hasta cuatro camionadas de mara y cedro por semana del Amboró.

La ABT dice que la carga promedio tiene entre “2.000 a 3.000 pies tablares de madera ‘cuartoneada’” y el método más utilizado para sacar la madera del Amboró es por medio de callapos -madera que amarrada es usada como embarcación artesanal en el río-, a través de los ríos Yapacaní y Mataracú. 

Imagen de archivo de un callapo de madera del Amboró | Foto: Román Vitrón

Así lo estaban haciendo los piratas de la madera cuando fueron interceptados, a principios de marzo, y una denuncia los puso en evidencia. De ese modo la ABT, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y la fuerza pública intervinieron. No hubo detenidos, pero sí madera incautada. En lo que va de este año, ya se han decomisado 3.818 pies tablar, en su mayoría de mara.

La ABT dice que hace controles fluviales y terrestres en el Amboró, que tiene una oficina fija en Yapacaní, que tres veces a la semana sus funcionarios salen a realizar operativos y que actúa de inmediato ante cualquier denuncia. Pero, pese a ello la madera sigue saliendo del parque.

El saqueo continúa

—¿Quién lo ‘vendió’ para que haya terminado en la cárcel?, le preguntamos a Pablo.
—Un funcionario público encargado de controlar que no se saque madera del parque. Lo que me hicieron es lo que se llama ‘volteo’. Esto nunca va a parar… por la corrupción.

La noche ha caído en el Amboró. Las estrellas en el cielo parecen un brasero y la luna luce imponente. Es hora de que el equipo que ingresó al parque le dé encuentro al grupo que se quedó en los linderos, ahí al lado de la última y única casa que tenía habitantes.

De repente, tres destellos de luz aparecen en la colina. Falta media hora para llegar a los linderos.

En cuanto el equipo se reúne, se llega a la conclusión de hay que abandonar el lugar lo más pronto posible. Horas antes, cuando aún había luz, un grupo de 11 jóvenes, de entre 15 y 20 años, a bordo de dos camionetas todoterreno dio vuelta por la zona y minutos después lanzó petardos al aire, como alertando a otros comunarios que había gente foránea en el parque.

El retorno fue a toda prisa y accidentado. En la oscura noche aparecían personas en motocicleta a la vera del camino. Luego, faltando una hora para llegar a la urbe de Yapacaní, una camioneta intentó obstaculizar el paso y luego aceleró para alcanzar al vehículo en el que viajaba el equipo de prensa. A los pocos minutos, desaparecieron, justo tras abandonar el parque y la zona de amortiguamiento.

¿Qué está pasando en el Amboró? 

La pregunta es trasladada al viceministro de Defensa Social, Jaime Zamora. El razonamiento lógico manda a entender de que hay quienes quieren esconder las actividades ilícitas que suceden allá y que no solo se cuidan los cultivos ilegales, sino también laboratorios de cocaína, responde.

Maikol Melgar que, tras la salida Evo Morales asumió el mando del Sernap, ente encargado de proteger los parques, afirma haber “recibido una institución totalmente quebrada en todos los sentidos”. 

Acepta que por la reducida cantidad de guardaparques, la malversación de recursos y corrupción de algunos funcionarios, el crimen organizado se mueve a sus anchas no solo en esta área protegida. Ante esta situación, dice que se ha realizado una auditoría, procesado a funcionarios y se están gestionando recursos para la asignación de un mayor número de guardaparques. Actualmente, son 300 los que cuidan las 22 áreas protegidas del país, que representan el 16% del territorio boliviano.

***

—¿Qué opina de todo esto?
—No solamente es lo que sale del Amboró, muchas familias se destruyen por la madera y se pierden vidas, especialmente de madereros. He sabido de dos que murieron, uno, picado por la víbora y a otro se lo llevó el río. Si el Gobierno no interviene, si sigue la corrupción, esto será una cosa de nunca acabar.

Así reflexionaba nuestro guía Pablo, cuando el peligro y el parque -que tiene un nuevo custodio, las organizaciones criminales- quedaron atrás.

también FORMAN PARTE DE ESTA INVESTIGACIÓN:

Séptimo Día

Madidi: las dragas drenan el parque más biodiverso del mundo

La fiebre del oro es hoy una grave amenaza para la biodiversidad del Madidi, así como para los pueblos indígenas y campesinos que habitan en sus orillas

Especiales

Aguaragüe, una zona de sacrificio ambiental que enriquece las arcas de Bolivia

Ha sido declarada área protegida, pero ese nombre no le da protección ni logra mitigar el daño causado por la explotación de petróleo y gas