Hay más coca ilegal. Esa es una realidad que el propio presidente Luis Arce admitió en abril, cuando comenzó la reducción anual de plantaciones excedentarias del arbusto y ayer fue la Unión Europea (UE) que exteriorizó su inquietud para que el crecimiento de la superficie cultivada se ajuste a la ley, es decir las 22.000 hectáreas y solo en zonas autorizadas.
“Confiamos en que Bolivia cumplirá su parte. Con sus herramientas nacionales, como el control social, estamos a la espera de que el Gobierno logre disminuir el área de cultivos de hoja de coca a la cantidad establecida por ley, es decir a 22.000 hectáreas”, señaló el encargado de Negocios de la UE, Joerg Schreiber, tras la presentación de la Estrategia contra el Tráfico Ilícito de la Sustancias Controladas y Control de la Expansión de Cultivos de Coca 2021-2025 que hizo el Gobierno ante delegados y jefes de misión del cuerpo diplomático.
Schreiber ratificó el compromiso de los países que son parte del bloque europeo para enfrentar al narcotráfico y, en ese marco, puso énfasis en los programas de “desarrollo integral” que tiene que ver con el respaldo a las iniciativas productivas que sean alternativas a la siembra de cocales en el país.
“En los últimos años ya hemos destinado más de $us 72 millones a estos sectores y estamos en la formulación de dos nuevos programas. Se trata de un monto de $us 60 millones adicionales que la UE entregará a Bolivia para apoyar sus políticas públicas en la lucha contra las drogas y el desarrollo integral con coca en los próximos años”, precisó el diplomático.
El viceministro de Defesa Social, Jaime Mamani Espíndola, explicó que el plan antidroga demandará $us 575 millones hasta 2025, un monto que será empleado en la lucha contra el narcotráfico, la reducción de cultivos de coca, la prevención y la “regionalización” de la estrategia que tiene que ver con el intercambio de información entre países.
“Somos un gobierno nuevo a la cabeza de nuestro presidente Luis Arce Catacora y hemos redoblado la lucha contra el narcotráfico para cumplir los compromisos internacionales y lo que establece ley general de la coca”, afirmó Mamani, durante la presentación de la estrategia antidroga, aunque luego precisó que se estaba retomando “el modelo de nacionalización” que fue desarrollado desde 2006, cuando Evo Morales, el principal dirigente de los productores de coca del país, llegó al poder.
La exposición se desarrolló en el marco de una reunión del Grupo Temático de Drogas, una instancia de intercambio de información de autoridades gubernamentales y funcionarios diplomáticos, que es coordinada por el representante en Bolivia de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudc), Thierry Rostan.
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Respaldo
Desde 2017, la UE aplica un modelo de indicadores en su programa de asistencia al país. De acuerdo a su más reciente informe de la entidad, el país recibió hasta 2020 unos $us 320 millones en favor de varios programas de desarrollo que incluye el fortalecimiento a la justicia y la lucha antidroga. En este último ítem, el respaldo fue de cerca de $us 60 millones, un monto que será incrementado, de acuerdo con las previsiones anunciadas ayer.
No obstante, el indicador que el bloque europeo contempla para su evaluación está vinculado con la Ley de la Coca, que establece como límite legal las 22.000 hectáreas de coca, en Yungas de La Paz y el trópico de Cochabamba.
“Ponemos nuestros fondos allí donde está nuestro discurso. No hay lugar a dudas. Estamos en Bolivia como socios para su desarrollo, en pleno respeto a sus políticas nacionales y en apoyo a la dignidad con que los propios bolivianos luchan por cumplir sus compromisos internacionales”, puntualizó ayer el encargado de negocios de la UE, luego de la presentación de la estrategia.
De acuerdo con esa normativa, la producción de coca está autorizada en Yungas (14.300 ha), donde existe una amplia zona tradicional y en el trópico de Cochabamba (7.700 ha). Las plantaciones en esa última zona datan de inicios de los años 80. No obstante, los sembradíos se extendieron a parques nacionales en el último año y, para peor, estos ahora llegan al norte amazónico.
El Comando Estratégico Operacional (CEO), que es la entidad que está a cargo de la fuerza combinada de policías y militares, identificó que los cocales, que en 2020 superaron las 32.000 hectáreas (45% más de lo que permite la ley) penetraron parques nacionales y áreas fronterizas en la Amazonia.