En Tarija un feminicida y, al mismo tiempo, parricida trabajaba en la Alcaldía tarijeña luego de que la justicia le concedió medidas sustitutivas. Antes había sido sentenciado a 30 años de cárcel sin derecho a indulto porque mató a su padre y a su hermana. Ahora, Jairo Delgado Méndez está prófugo y se estima que escapó a Argentina.
“Supuestamente desvirtuaron algún peligro procesal. Eso nos llama poderosamente la atención. Que pasó acá con los jueces, que pasó con los vocales porque se apeló. Solamente le dieron tres medidas sustitutivas a la detención preventiva que son: el arraigo, dos garantes personales y cierto monto de dinero. Nosotros inmediatamente estamos realizando todas las actuaciones legales para la búsqueda de justicia”, informó la fiscal de distrito de Tarija, Sandra Gutiérrez.
Delgado Méndez mató a su padre y hermana por una pugna de herencias. Llegó a ser detenido e ingresó a la cárcel tarijeña. Luego, recobró su libertad por un negociado con jueces y abogados. Llegó a trabajar en la Alcaldía de Tarija en una dirección con un salario de Bs 9.000 mensuales.
“Actualmente la figura jurídica y legal del señor Jairo Delgado es que se encuentra prófugo de la justicia boliviana. Ante esta situación solicitamos a la población, a cualquier persona que conozca su paradero, que proceda inmediatamente a dar aviso a la Policía o al Ministerio Público”, detalló la fiscal Gutiérrez.
En Cochabamba
El abogado de la Asociación de Víctimas Judiciales, Marcial Huanca, denunció que en Cochabamba existe un consorcio criminal de jueces, fiscales y peritos que actúa en función de una ONG con el propósito de lograr “sentencias a medida” para mostrar resultados con fines de obtener financiamientos millonarios.
“De la investigación que estamos haciendo y de los documentos que se han elaborado, tenemos que en realidad se trata de un consorcio de jueces y abogados. Nosotros lo hemos calificado como un consorcio criminal, porque entiéndase, vuelcan las investigaciones para sacar sentencias de manera adecuada a sus intereses, lo que significa que están metiendo personas inocentes a las cárceles simplemente para obtener un resultado”, explicó Huanca.
En La Paz está el registro de que al menos 1.000 abogados son parte de un consorcio de jueces y juristas que manejan procesos de acuerdo a sus intereses. El abogado Raúl Jiménez, que fue presidente del Colegio de Abogados de La Paz en 2018, informó que solo en la sede de Gobierno hay al menos 20 consorcios que dañan la imagen de la justicia.
El jurista dijo que tiene conocimiento de que en Cochabamba operan 15 consorcios, en Santa Cruz 30 y en Sucre cuatro. “Es increíble que 1.000 abogados hayan utilizado la profesión de juristas para enriquecerse y así perjudicar a más 50.000 abogados que hay en el país”, dijo Jiménez.