“¿En qué punto se encuentra la aplicación de las recomendaciones que hicimos?” Fue la pregunta de Julian Burger, un especialista inglés en derechos humanos que formó parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigó las consecuencias de la crisis política de 2019.
La interrogante del abogado se dio durante la presentación de la investigación al consejo permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) que tuvo lugar la pasada semana. La pregunta llegó, entonces, en medio de reflexiones vinculadas con la obligación del Estado de investigar “todos” los hechos de violencia que costaron la vida de 37 personas.
Según el informe “Crisis de Estado” que elaboró la Defensoría del Pueblo y que fue valorado por el GIEI, entre el 6 y 12 de noviembre de 2019, cuando Jeanine Áñez asumió la presidencia de manera transitoria, 10 personas fallecieron, entre ellos agentes de la policía y cívicos a manos de personas presuntamente vinculadas con el Movimiento Al Socialismo (MAS). Estos casos están congelados y no existen sanciones.
Los expertos también hallaron responsabilidad de autoridades del MAS en la emboscada de Vila Vila, cuando varias mujeres denunciaron vejaciones. En los primeros días del gobierno de Áñez, murieron 27 personas, incluidas los 22 fallecidos en las masacres de Sacaba y Senkata y un activista de la desarticulada Resistencia Juvenil Cochala, un grupo calificado de irregular. Los hechos de violencia fueron “perpetrados y facilitados por actores de todas las posiciones políticas”. Además, “el informe hace un llamado al sistema de justicia para que actúe con justicia, imparcialidad y diligencia en relación con todos los actos de violencia, incluso con relación a la reparación”, puntualizó Burger. Pero, los familiares de los fallecidos, heridos y detenidos de la masacre de Senkata ven un cálculo político y uso de su imagen, puesto que no ven avances en los procesos legales por este caso. “¿Qué han hecho por nosotros, quién se preocupa por nosotros? Nadie. Quieren que el juicio se alargue porque están pensando en un partido político, reclamó la representante de los detenidos de Senkata, Marcela Calle. En Gobierno informó que los familiares de los caídos recibieron una indemnización en metálico, incluidos los heridos. Áñez fue detenida en marzo de 2021 bajo cargos de terrorismo y fue acusada formalmente de “genocidio” por la Fiscalía. El GIEI aclaró ante la OEA que no encontró evidencia alguna de esa figura. La imputación del Ministerio Público llegó al Legislativo, donde debía aprobarse un juicio de responsabilidades por dos tercios. El MAS, que no tiene ese apoyo, consultó al Tribunal Constitucional si este proceso podía llevarse por la vía ordinaria, puesto que Áñez no cumplió con las formalidades para asumir el cargo. “Los jueces y fiscales continúan expuestos a presiones políticas y la definición legal amplia y vaga de terrorismo y otros tipos penales sigue permitiendo su uso arbitrario”, puntualizó el investigador sénior de Human Right Watch (HRW), César Muñoz, tras la presentación del GIEI en la OEA.