Según el reporte, el juicio marcó la primera vez en la historia estadounidense que un exjefe de Estado se tuvo que enfrentar a sus acusadores en un juicio de derechos humanos en EEUU. “Esta noticia me trae tanta felicidad”, sostuvo Hernán Apaza, cuya hermana, Roxana, fue asesinada por soldados bolivianos en 2003. “Mantuvimos la esperanza durante tantos años a pesar de tantos obstáculos para la justicia. Finalmente, aquellos que cometieron estos crímenes atroces rendirán cuentas”.
Antecedentes
En septiembre y octubre de 2003, actuando bajo la autoridad de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, efectivos militares asesinaron a 58 ciudadanos e hirieron a más de 400, según los reportes, casi todos de comunidades indígenas, durante un período de disturbios civiles conocido como la Guerra del gas.
Después de la masacre, Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín huyeron a Estados Unidos, donde viven desde entonces. Los ex comandantes militares y funcionarios del gobierno que actuaron bajo la autoridad de los dos hombres fueron condenados en Bolivia en 2011 por su papel en los asesinatos.
Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín fueron imputados en la misma causa, pero no pudieron ser procesados penalmente, pues no son posibles los juicios penales en ausencia de acuerdo a la ley boliviana.
El tribunal de apelaciones sostuvo que los demandantes proporcionaron pruebas suficientes de que “los soldados dispararon deliberadamente tiros mortales con una conciencia mesurada de que herirían de muerte a civiles que no representaban ningún riesgo de peligro.
Ninguno de los fallecidos iba armado ni había pruebas de que representaran una amenaza para los soldados. A muchos les dispararon mientras estaban dentro de una casa o en un edificio. A otros les dispararon mientras se escondían o huían”, dice la acusación.
El tribunal sostuvo que los demandantes habían presentado pruebas suficientes de que las muertes constituían “ejecuciones extrajudiciales”, según el derecho internacional y que los acusados eran responsables de esas muertes según la doctrina de responsabilidad del mando.
El tribunal de apelaciones también habría ordenado un nuevo juicio con relación a los alegatos de homicidio culposo porque el tribunal de distrito había abusado de su discreción al admitir cierta evidencia que le era favorable a los demandados. El juicio sobre los alegatos de homicidio culposo está pendiente.
“La decisión de hoy envía un mensaje importante: que los gobernantes que cometan abusos de derechos humanos tendrán que rendir cuentas”, sostuvo Becker, quien también es abogado de la Red Universitaria para los Derechos Humanos. “Esta es una victoria, no solo para los familiares, sino para todos los sobrevivientes de violaciones de derechos humanos”, añadió.
El caso fue presentado por los familiares de ocho personas asesinadas durante la masacre.
