Un juez cautelar de la capital ordenó la detención domiciliaria del ex director distrital de Redes de Gas de YPFB Chuquisaca, identificado con las iniciales M.A.B., imputado por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, tras evidenciarse un incremento patrimonial no justificado y movimientos financieros incompatibles con sus ingresos declarados.
La medida establece que el imputado deberá cumplir detención domiciliaria con escolta policial permanente, sin autorización para salir a trabajar, además de arraigo y prohibición de concurrir a instalaciones de YPFB a nivel nacional o comunicarse, directa o indirectamente, con testigos del caso, informó el fiscal departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales.
De acuerdo con la Fiscalía, la comisión de fiscales demostró, a través de informes de transparencia y análisis financieros, la existencia de depósitos de distintos montos en cuentas personales del exfuncionario, hechos que contradicen las declaraciones brindadas durante el proceso investigativo. Estos elementos, sostuvo Nava, permiten establecer la probabilidad de autoría y la adecuación de la conducta al ilícito investigado, vinculado a hechos de corrupción.
Pese a ello, la autoridad jurisdiccional optó por la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva, decisión que fue apelada por el Ministerio Público. “El juez ha dispuesto medidas menos gravosas; sin embargo, la Fiscalía considera que concurren los riesgos procesales necesarios para la detención preventiva, por lo que se presentó la apelación correspondiente”, explicó el fiscal departamental.
El caso se activó tras la intervención a las oficinas de la Distrital de Redes de Gas y Ductos de YPFB en Sucre, luego de lo cual el investigado se presentó de manera voluntaria ante el Ministerio Público y quedó aprehendido. Las pesquisas revelaron que los ingresos bancarios y la adquisición de bienes del exdirector no guardan relación con su salario como servidor público.
La Fiscalía anunció que continuará con las diligencias investigativas mientras se resuelve la apelación, con el objetivo de esclarecer el origen de los recursos observados y determinar responsabilidades en este proceso por presunto enriquecimiento ilícito