Antonio de la Fuente, sindicado en el caso de consorcio judicial organizado para tratar de suspender a la magistrada Fanny Coaquira, aseguró que no está prófugo y niega que sea abogado. No obstante, afirmó que no se presentará a declarar porque teme ser aprehendido y que no reconoce a las autoridades judiciales.
Además, De la Fuente señaló al fiscal Johan Muñoz por supuesto robo de documentos, objetos de valor y abuso de poder, durante el allanamiento que este realizó el día viernes en uno de sus domicilios, en la zona Achumani de la ciudad de La Paz.
“La mejor forma de evitar que te detengan cuando hay abuso de poder, es alojarte en la casa de los militares, yo sigo residiendo en Coroico, pero a mí no me han notificado, porque yo no reconozco a juez natural que sea de La Paz. Aquí (en Coroico) hay juez, hay fiscal, entonces ¿por qué debo ir a declarar a La Paz, ante jueces que no tienen competencia ni jurisdicción?”, sostuvo De la Fuente en contacto con EL DEBER.
Por otro lado, afirmó que los delitos por los cuales se investiga y se envió a la cárcel a otros imputados, como el exministro de Justicia César Siles, el magistrado suplente de Coaquira Iván Campero y la exvocal Claudia Castro, no pueden ser aplicados en su contra. Porque las figuras penales de “consorcio de administradores de justicia” e “incumplimiento de deberes” solo son factibles contra funcionarios, abogados, policías o autoridades judiciales.
Se pronunció así luego de que la Fiscalía realizó el allanamiento, el día viernes, de una propiedad. El operativo estuvo a cargo del fiscal anticorrupción Muñoz, quien informó que se buscaba ejecutar una orden de aprehensión contra De la Fuente, pero al no hallarlo en ese domicilio “abandonado”, se secuestró varios documentos que serán útiles para la investigación.
De la Fuente lanzó duras acusaciones contra Muñoz y uno de los investigadores policiales, a los que señaló por intimidar al cuidador de la casa (vecino) y al jardinero, además del robo de joyas, dinero, autopartes y objetos de valor, por un valor aproximado de $us 100.000.
En relación a los documentos secuestrados, el sindicado sostuvo que eran archivos de otros procesos que ganó, y protestó porque el fiscal, supuestamente, no entregó ninguna orden judicial para justificar el secuestro de esos elementos para la investigación.
“Todo lo que me han hecho a mí, abuso, robo, es ilegal, porque yo no soy abogado, lo diré mil veces, póngalo en titulares. (…) El fiscal de La Paz, pese a que no tiene competencia, me tiene que probar que soy abogado y servidor público. ¿Además, por qué me ha robado joyas, dinero, documentos de propiedad de mi vehículo? ¿Por qué me ha robado documento de otros procesos?”, reclamó De la Fuente.
Sobre esas acusaciones, el fiscal mencionó que los vecinos mencionaron a los investigadores que De la Fuente salió del país y que el domicilio fue abierto por “el cuidador”.
El fiscal señaló que estas acusaciones son características de personas que han perdido “la moral” y el temor a la justicia. Explicó que además de testigos, se tienen registros fotográficos y de video para probar que De la Fuente no dijo la verdad.