El presidente cívico Rómulo Calvo, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar; el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; el vicerrector de la Uagrm, Reinerio Vargas, y tres miembros de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) fueron acusados de cometer al menos nueve delitos contra la población durante el paro de 36 días en Santa Cruz para exigir el censo. La Fiscalía admitió tres demandas y revisa otras.
Mientras la justicia se activó para iniciar procesos a los miembros del Comité Interinstitucional, el presidente Luis Arce aún no ha promulgado la ley del censo que se sancionó el martes en el Senado para pacificar al país.
“Tenemos tres denuncias admitidas. Son varios delitos. Estas denuncias que se han recibido, tanto en la Fiscalía de La Paz como en Santa Cruz, están siendo procesadas y pronto tendremos los requerimientos para las declaraciones de las personas denunciadas”, informó el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.
Sobre el lugar para recibir las declaraciones de los siete sindicados, explicó que los fiscales a cargo decidirán en qué región serán citados, pudiendo ser en la sede de Gobierno, donde fue sentada una denuncia, o en la capital cruceña.
Una de las primeras demandas fue interpuesta el 14 de noviembre contra Calvo y Camacho en la ciudad de Sucre y, recientemente, se trasladó a Santa Cruz. El funcionario público de la Procuraduría General del Estado Rolando Cruz, quien también se identifica como presidente del Comité Impulsor de Justicia presentó la querella.
El servidor público amplió la denuncia contra Reinerio Vargas, Vicente Cuéllar y miembros de la UCJ, bajo el argumento que en los últimos 15 días reunió otros elementos contra los dirigentes.
“La denuncia se hizo contra Rómulo Calvo y Fernando Camacho, en ese tiempo de 15 días hemos acumulado más información y elementos probatorios, evidencias y ampliamos la denuncia contra del rector y vicerrector de la Uagrm y contra tres integrantes de la Unión Juvenil Cruceñista”, informó.
Cruz enumeró al menos nueve delitos que se estipulan en la demanda: conspiración, instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, organización criminal, desórdenes y perturbaciones públicas, racismo, discriminación, incitación al racismo y separatismo.
Agregó que como parte del Comité Impulsor de Justicia colaborará con los actos investigativos para que en el menor tiempo posible se emita la imputación formal, cuyo trámite tiene el fin de dictar detención preventiva, domiciliaria u otras medias contra las investigados.
“Para nadie es desconocido que los 36 días de paro han provocado un enorme perjuicio económico. Alguien tiene que responder”, manifestó.
Cruz inició otras demandas contra líderes políticos, como Carlos Mesa, Jorge Tuto Quiroga, la expresidenta transitoria Jeanine Añez y otros. Además, es querellante en el caso ‘coimas’ de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).
Como segunda denuncia, se conoce la presentada por la diputada del MAS Estefanía Morales contra miembros de la UCJ y otros, por el supuesto saqueo a los gremiales de la Feria Barrio Lindo, además cita otros hechos suscitados en el Plan Tres Mil, La Guardia y en el barrio Los Lotes.
“En Barrio Lindo apedrearon y amedrentaron a los gremialistas, saquearon parte de sus fuentes laborales. El otro caso es sobre los enfrentamientos en el Plan Tres Mil donde diferentes grupos de jóvenes empezaron a confrontarnos, hubo heridos”, dijo Morales.
La denuncia contempla los delitos de incitación pública a delinquir, organización criminal, atentado contra bienes públicos, entre otros.
Los acusados
El abogado Martín Camacho, defensa de Calvo y Camacho, informó que él y sus defendidos están a la espera de las notificaciones formales sobre las tres denuncias y se preparan para emitir sus declaraciones.
“Estamos esperando que se nos notifique con estas tres denuncias conforme a procedimiento con los indicios que han presentado los denunciantes. Si mis defendidos son citados, vamos a apersonarnos y acompañarlos a que se tomen las declaraciones si eso es lo que requiere el Ministerio Público”, aseguró el jurista.
Agregó que de forma extraoficial conoce que las querellas están relacionadas con el paro y se acusa a los líderes de haber cometido delitos por conspiración, racismo, por interrumpir el derecho al trabajo y otros. Otra denuncia está relacionada con la quema de la Federación de Campesinos de Santa Cruz.
El rector de la Uagrm, Vicente Cuéllar, argumentó que “el paro no fue definido por dos o tres personas, sino fue en un cabildo departamental donde hubo millones de personas”, por tanto, considera que la justicia deberá investigar a los dos millones de ciudadanos que aprobaron las resoluciones del cabildo.
Desde Creemos rechazaron la “criminalización” de la protesta ciudadana y, al contrario, pidieron que se investigue a las personas que promovieron el cerco a Santa Cruz e incitaron a cometer hechos violentos.
“Es una posición incorrecta y están buscando una tergiversación de la narrativa de la protesta. El paro cívico ocurrió porque no hubo acuerdos. Las agresiones que ocurrieron en mi región y en el país en su conjunto, la violencia y los cercos lo produjeron todas las personas con una posición extrema del MAS, querían bloquear esta reivindicación, ellos son los culpables”, sostuvo la senadora de Creemos Centa Rek.
La parlamentaria hizo estas declaraciones en respuesta a los pronunciamientos de sus colegas del MAS, quienes durante la sesión de la Cámara Alta propusieron iniciar procesos penales contra el “trío maldito” de Calvo, Cuéllar y Camacho, como lo denominó la legisladora oficialista Ana Castillo.
“Es hora de dejar acciones que no están reñidas con la verdad, yo creo que va a haber una defensa muy férrea en ese sentido porque los líderes no han ocasionado ningún desmán, menos una muerte”, dijo Rek.
El 15 de noviembre, la Fiscalía de La Paz desestimó la denuncia presentada por Creemos contra los dirigentes afines al MAS que cercaron, por 12 días, la capital cruceña para impedir el abastecimiento de alimentos y combustible, además de generar violencia en los puntos de bloqueo.
Menos un proceso para Calvo
Tras una conciliación con los apoderados del ministro Eduardo Del Castillo y la defensa de Rómulo Calvo, se extinguió el proceso iniciado a consecuencia de las declaraciones del cívico quien acusó a la autoridad de Estado, de “ultrajar” la wiphala por llevarla en su bolsillo y luego entregarla para que el vicepresidente David Choquehuanca la izara en los actos del 24 de septiembre de 2021.
“Se ha dado extinción al proceso y se va a presentar una retractación pública del doctor Calvo y con eso estaría concluido el proceso, es lo que corresponde tratándose de un delito de acción privada”, informó el abogado Martín Camacho.
Promulgación en suspenso
El jefe de Estado, Luis Arce, aún no ha promulgado la ley del censo que garantiza al entrega y aplicación de resultados del censo, la norma ya fue sancionada por el Senado y remitida al Ejecutivo.
Según la norma, el primer mandatario tiene 10 días para promulgar la ley y desde el viceministerio de Comunicación aseguraron que “se les va a comunicar como siempre” a los periodistas.
Por otro lado, la senadora Soledad Flores dijo que el presidente no pondrá trabas para la promulgación, ya que la norma habría sido elaborada con el Ejecutivo.
“Nuestro presidente Lucho está de acuerdo con esta ley, se ha elaborado con el Ejecutivo y tiene 10 días para promulgarlo. Sabemos que va a promulgar porque él es consciente y ha visto, lo único que hemos hecho es subir un decreto a rango de ley donde garantice que se va a llevar el 23 de marzo de 2024”, manifestó.
Desde la Confederación de Gremiales de Bolivia, pidieron a Arce promulgar de inmediato la ley del censo para dar las garantías de que se realizará un censo transparente
“El INE no ha dado datos fidedignos y de aquí en adelante se debe abrir esa puerta, se debe dar un informe más seguro para que la gente esté contenta”, dijo el dirigente Wilfredo Mamani.