Incendios: Defensoría del Pueblo identifica vulneraciones a derechos y observa la Ley de Gestión de Riesgo, como obsoleta

“Hemos identificado vulneraciones al derecho al medioambiente sano y a los 7 derechos de la Madre Tierra, establecidas en la ley 071 y 300”, manifestó Claudia Flores, representante de la oficina nacional de la Defensoría del Pueblo, en conferencia de prensa este viernes. Además cuestionó que la Ley 602 de Gestión de Riesgo, que fue promulgada en 2014 ya no responde a la realidad actual.

“Ha sido muy doloroso establecer que nuestro Sistema de Gestión de Riesgos, que data del año 2014 no responde ya a la situación que vivimos en el país; sobre todo con esa asistencia humanitaria, que debería primar, y no en torno a las atribuciones y competencias que están establecidas; no responde a las condiciones climáticas actuales”, aseveró Flores.

Además recordó que en 2019, cuando ocurrieron los incendios de la Chiquitania, ya se debieron tomar acciones para ajustar las normas y los procedimientos para la gestión de los bosques y la producción agrícola.

Este informe preliminar que brindó la Defensoría del Pueblo, se realiza después de que las delegaciones departamentales hubieran realizado verificaciones en los lugares de los diversos incendios que aquejan al país, especialmente en Beni, Santa Cruz, La Paz y Cochabamba.

Flores expresó la preocupación institucional por áreas protegidas nacionales afectadas por los incendios forestales: El Parque Nacional Noel Kempff Mercado, la Reserva de la Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas, el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado, Amboró, Parque Nacional y Territorio Indígena Isiboro Sécure, Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi.

Flores expresó la necesidad de preservar la biodiversidad que existe en las áreas protegidas y que ahora son amenazadas por el fuego, lo mismo que por las fuentes de agua y la cobertura forestal que las protege.

También se refirió a la calidad del aire en el país que afectó, especialmente, a Santa Cruz, que en octubre registró aire extremadamente malo. Sobre la salud, observó reportes de infecciones oculares y respiratorias; rinitis alérgica, quemaduras superficiales y faringitis. En ambos casos habló de vulneración al derecho a la salud.

La Defensoría del Pueblo realizó diversas recomendaciones a los distintos ministerios, según su competencia.

“Pedimos, llamamos, imploramos a unirnos para afrontar esta situación. No podemos seguir destruyendo nuestros bosques”, expresó Flores.

“Exhortamos a nivel central del Estado, al Gobierno autónomo departamental que corresponde, a los gobiernos autónomos municipales: que puedan realizar acciones para sofocar los incendios, con mayor cantidad de efectivos militares y de bomberos. No podemos continuar con esta situación. No podemos seguir viendo que se nos queman nuestros bosques”, manifestó.
Añadió que deben implementar planes que permitan la recuperación de los ecosistemas afectados por incendios, así como gestionar donde sea necesario, los recursos económicos correspondientes para cumplir ese objetivo.

Al Ministerio de Salud, pidió reforzar las acciones para la atención médica en las comunidades, sobre todo en aquellas que pertenecen a pueblos indígenas originarios campesinos. “Hemos verificado que la ayuda se concentra en las áreas donde existe mayor concentración poblacional, pero las áreas alejadas a seis, siete horas de estos centros no van; no está llegando la ayuda, y eso lo hemos verificado en el lugar, nosotros y nuestras delegaciones departamentales”, aseveró.

Del mismo modo, pidió que las atenciones vayan más allá de la salud física y que incluyan apoyo psicológico, por el daño que implica vivir en estas situaciones de peligro.

A los gobiernos autónomos municipales, la Defensoría insta a que realicen las evaluaciones necesarias, con “rapidez y emergencia” para la restitución de bienes y servicios a favor de las poblaciones afectadas. También le piden coordinar con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, puntualmente para la aplicación de programas para la restitución de viviendas.

Al Ministerio de Medio Ambiente y Agua, le exhorta: debe incorporar los instrumentos de evaluación y control de la calidad ambiental, así como el monitoreo de la flora y fauna que haya sido afectada. Así como a incorporar acciones para la restitución del servicio de agua, “como un derecho fundamentalísimo, establecido en nuestra Constitución Política del Estado, a las comunidades afectadas, fortaleciendo también aquellos programas de reforestación en las fuentes de agua”.

Por otro lado, delega tareas al Ministerio de Desarrollo Rural: elaborar planes que fortalezcan las actividades productivas agropecuarias en el sector afectado; la restitución de las áreas forestales donde se producen los cítricos, el cacao y otros productos.

“Es importante compatibilizar la normativa nacional, que permite establecer un modelo de desarrollo productivo; necesitamos tener recursos económicos, pero tiene que estar enmarcado en la planificación y el ordenamiento territorial sin comprometer los derechos de la Madre Tierra y lograr la preservación del patrimonio natural y cultural”, expresó Flores.

La representante de la Defensoría cuestionó que exista “alta debilidad institucional respecto a la información”; señaló que los sistemas de monitoreo que realizan los diferentes niveles del Estado no están articulados, “lo que provoca justamente esos problemas en una rápida atención”.

Flores pidió apoyar la campaña de solidaridad con las comunidades indígenas uchupiamonas, mosetenes y otras asentadas en el Tipnis, que necesitan raciones alimenticias para unas 2 mil familias.