Bolivia decidió poner fin al convenio de cooperación militar con Irán, cerrando así un ciclo de relaciones que se extendió por cerca de dos décadas con los gobiernos del MAS (Evo Morales y Luis Arce). La medida, confirmada ayer por el ministro de Defensa, Marcelo Salinas, se enmarca en un giro más amplio de la política exterior impulsado por la administración del presidente Rodrigo Paz Pereira.
“Hace aproximadamente cuatro meses ese contrato, ese convenio de cooperación militar, ha sido denunciado, de tal manera que ya no existe ese contrato”, dijo la autoridad. Además, descartó procesos sobre los acuerdos “Han sido simplemente concluidos y no existen más”, apostilló el ministro Salinas.
La ruptura no es un hecho aislado. Forma parte de un proceso de revisión mayor que ya había sido anticipado el 10 de marzo por el canciller Fernando Aramayo, quien señaló que Bolivia evaluaba toda su relación diplomática con Irán en medio de un contexto internacional marcado por el actual conflicto bélico en Medio Oriente.
La relación entre Bolivia e Irán se consolidó en 2007, con la firma de acuerdos de cooperación en áreas como hidrocarburos, industria y agricultura. El acercamiento se profundizó en 2008 con la aprobación de un convenio que permitió ampliar la cooperación en múltiples sectores.
Durante ese periodo, el entonces presidente iraní Mahmud Ahmadinejad visitó Bolivia en al menos tres ocasiones (2007, 2009 y 2012), consolidando una alianza basada en afinidades políticas y en un discurso común alentado por el régimen bolivariano de Venezuela.
Sin embargo, el vínculo no estuvo exento de controversias. En 2011, la visita del entonces ministro de Defensa iraní Ahmad Vahidi —requerido por la Interpol por su implicación en el atentado a la AMIA de 1994— generó un conflicto diplomático con Argentina, que obligó a Bolivia a disculparse.
A pesar de estas observaciones, en 2023 se firmó un acuerdo de cooperación en materia de defensa. El convenio contemplaba asistencia en seguridad fronteriza, lucha contra el narcotráfico y provisión de equipamiento militar, como drones de combate.
Aunque el gobierno de Arce defendió el acuerdo como una herramienta para fortalecer la capacidad del Estado, la oposición y analistas cuestionaron la falta de transparencia y advirtieron sobre sus implicaciones geopolíticas. El convenio también generó tensiones con países de la región, particularmente Argentina, que expresó preocupación por el impacto en la seguridad regional por los vínculos de Irán con Hezbolá, una organización considerada terrorista por países de América Latina.
El embajador de Israel concurrente en Bolivia, Gali Dagan, advirtió el 2 de marzo pasado, —en una entrevista con EL DEBER— que la presencia de Irán en la región pudo estar asociada a estructuras de financiamiento y apoyo a organizaciones consideradas terroristas. El embajador evitó dar datos específicos sobre Bolivia al tratarse de asuntos de seguridad nacional.
Hace más de tres años, el 12 de julio de 2022, un avión que fue parte de la empresa Mahan Air, la aerolínea vinculada con las Fuerzas Quds, vinculada a las Fuerzas Revolucionarias de Irán, estuvo por 12 horas en Viru Viru en el contexto de la cooperación de Venezuela con Bolivia, según una investigación de EL DEBER. La nave estaba “marcada” por tráfico de armas con restricciones de vuelo y asistencia en varios países del mundo debido a una serie de sanciones aplicadas por Estados Unidos desde 2011. Era un Airbus 340-642 con los sellos de la empresa estatal Conviasa de Venezuela.
El aparato había partido de Caracas. Transportó 190 pasajeros que debían llegar a Ezeiza, Buenos Aires, en un vuelo anunciado como “directo”, pero desviado a Santa Cruz por estas sanciones.
Según otras pesquisas periodísticas, agentes de Hezbolá pudieron interactuar entre 2021 y 2022 con otras organizaciones en la triple frontera de Brasil, Paraguay y Bolivia. Estos datos no han sido confirmados hasta hoy.