Tras la anulación de la segunda vuelta electoral, ahora el Tribunal Supremo Electoral (TSE) prevé entregar las credenciales a las autoridades electas el 28 de abril, mientras que la posesión oficial está fijada para el 4 de mayo. El cronograma activa, de hecho, un proceso de traspaso que estará bajo la lupa política y técnica.
En ese contexto, el equipo de Luis Revilla —quien será proclamado el nuevo gobernador de La Paz— prepara la conformación de una comisión de transición para la revisión financiera, la fiscalización de proyectos en ejecución y la reorganización institucional.
José Luis Bedregal, vocero de Patria Sol, adelantó a EL DEBER que los nombres del equipo serán presentados una vez que el TSE oficialice esa proclamación sin balotaje y que se dará por efecto de la declinatoria de Nueva Generación Patriótica (NGP), que dejó fuera de competencia a su candidato René Yahuasi, en una decisión que generó tensión política y movilizaciones en La Paz y El Alto.
“Caja negra”
El primer frente de acción será el financiero. Bedregal advirtió que la actual administración departamental deja una estructura opaca en el manejo de recursos.
“En este momento, los datos de la Gobernación son una caja negra. No se puede acceder a información básica ni útil, ni siquiera en la página web institucional”, afirmó. Además, remarcó que la transparencia será una prioridad en el inicio de la nueva gestión.
El segundo eje apunta a los proyectos en ejecución, particularmente en provincias, donde existen iniciativas de infraestructura y desarrollo que, según el equipo entrante, requieren seguimiento inmediato para evitar paralizaciones y garantizar su entrega.
El tercer componente será la revisión de la estructura institucional. La propuesta de Revilla apunta a una administración más desconcentrada, con presencia reforzada en regiones como El Alto, sin descuidar los servicios en la sede de gobierno, donde también está la sede de la Gobernación.
Auditorías
El proceso de transición también estará atravesado por cuestionamientos a la gestión del actual gobernador, Santos Quispe. El asambleísta departamental Israel Alanoca sostuvo que se trata de una de las administraciones con menor fiscalización en los últimos 15 años, debido al control político del MAS y Jallalla en la Asamblea Legislativa Departamental.
Entre las observaciones mencionó proyectos productivos inconclusos, pérdidas económicas en plantas procesadoras, falta de control ambiental en zonas mineras y presuntos desvíos de recursos para emergencias climáticas.
En ese escenario, el equipo de Revilla no descarta auditorías. “Vamos a revisar en detalle los procesos de contratación, la calidad de los servicios y las obras”, señaló Bedregal, quien insistió que la nueva gestión estará enfocada en el cumplimiento de la normativa.
EL DEBER buscó ayer la respuesta del gobernador saliente, Santos Quispe, pero la autoridad no respondió a los requerimientos.
Tensiones
Mientras se activa la transición institucional, el escenario político sigue tensionado. René Yahuasi y sus seguidores impulsaron ayer movilizaciones y recursos legales contra la anulación del balotaje, cuestionando la legitimidad del resultado y exigiendo respeto al voto ciudadano.
Desde el TSE, sin embargo, se ratificó que la decisión se enmarca en la ley. El presidente del ente electoral, Gustavo Ávila, defendió la medida señalando que la normativa obliga a aceptar la declinatoria de una organización política y proclamar al candidato restante, descartando cualquier irregularidad en el procedimiento.
La autoridad electoral también recordó que esa declinatoria se aceptó tomando en cuenta los estatutos internos de NGP, un partido que puede sufrir la pérdida de su personería jurídica. Ávila también explicó que el TSE no podía demorar la aceptación de esa solicitud porque ya estaba en marcha el calendario para el balotaje que será el 19 de abril.
“El calendario estaba aprobado desde el año pasado”, aseguró.