La Ley de Diferimiento de Créditos, promulgada en los últimos días del gobierno de Luis Arce, quedó en pausa tras la presentación de una medida cautelar por parte del sistema financiero ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), informó el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza. La decisión encendió la alerta del sector de micro y pequeñas empresas, que se declaró en emergencia y advierte con protagonizar la primera protesta del gobierno de Rodrigo Paz.
Espinoza explicó que el sistema financiero objetó el procedimiento de aprobación de la Ley de Diferimiento señalando que hubo irregularidades en el trámite legislativo. Según las observaciones, el proyecto original fue aprobado en Diputados y luego modificado en el Senado, pero en lugar de regresar a la Cámara baja para su revisión, pasó directamente a la Asamblea Legislativa.
“Lo lógico hubiera sido que de Senadores vuelva a Diputados para su tratamiento y en caso de que esa diferencia persista recién vaya a la Asamblea, pero lo que paso es que de Senadores paso directamente a la Asamblea, pues había la intención del Gobierno saliente generar confusión”, subrayó.
Tensión
La impugnación presentada ante el TCP generó una reacción inmediata entre los micro y pequeños empresarios, quienes ademas cuestionan la legalidad de las resoluciones del TCP con magistrados autoprorrogados.
“El poder judicial tiene que salir ahora a favor de toda la población.No ha habido reactivación económica, recién estamos tratando de salir y ¿cómo va a estar toda la población que debe al banco? Atenidos a esta ley, en todo el mes de noviembre no han ido a cancelar sus cuotas. No nos podemos hacer la burla”, sostuvo la presidenta de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), Helen Rivero.
En su opinión, la impugnación a la ley es una “chicaneria de los banqueros”, ya que ahora cuando los prestatarios van a solicitar el diferimiento les dicen que van a esperar la respuesta del TPC. “Están ganado tiempo para derogar la Ley, esta ley ya se debía aplicar de manera inmediata”, remarcó.
Por su parte, el presidente de la Federación de la Micro y Pequeña Empresa (Fedemype) de La Paz, Jaime Vasques, aseguró que el sector se encuentra en estado de emergencia y señaló que más de 1,4 millones de microempresarios, transportistas, gremiales y cuentapropistas se verán afectados si la ley no se aplica. Asimismo cuestionó la falta de confianza en el TCP debido a la presencia de magistrados autoprorrogados.
“Han presentado un amparo (medida cautelar) ante el TCP, donde no tenemos confianza, por los autoprorrogados. La ley fue promulgada y está en la gaceta oficial, la Asfi ya mandó una circular para su cumplimiento. Nuevamente nos van a ver en las calles y será contundente”, manifestó.
En la misma línea, el representante de la Fedemype de Viacha, Jhon Elmer Alanoca, advirtió que la demora en la implementación de la norma pone en riesgo la recuperación económica del sector y pone en riesgo de embargo a algunos prestatarios.
“La ley se ha hecho para la suspensión de embargos. Lastimosamente nos han mentido. Estamos convocando a todos los sectores, prestatarios micro empresariales, productores, artesanos a una movilización nacional. Haremos un mitin y se vendrán marchas, no solo del sector micro empresario, sino de todos los sectores que se beneficiaban con el diferimiento de los seis meses”, apuntó.
Según el abogado constitucionalista Marco Baldivieso, las autoridades del TCP tienen competencia para emitir medidas cautelares y suspender provisionalmente la aplicación de una norma, pero la validez de cualquier decisión judicial se ve comprometida debido a cuestionamientos sobre la legitimidad de algunos magistrados autoprorrogados.
“Si hay una demanda, el Tribunal Constitucional tiene la competencia legal constitucional de suspender la vigencia de la norma a través de una medida cautelar. Pero eso tiene que hacerse a través de una acción de defensa, la propia acción de inconstitucionalidad es una acción de defensa, u otro recurso que se hubiese planteado. Los empresarios que son los afectados pueden cuestionar válidamente también la legitimidad, la competencia y jurisdicción de los magistrados autoprorrogados, porque todo el mundo sabe que están usurpando funciones”, señaló Baldivieso.
No obstante Baldivieso señaló que el Legislativo es otra instancia con la facultad de modificar, suspender o derogar la ley.