El Gobierno saliente promulgó el decreto reglamentario de la Ley de Diferimiento en el pago de créditos bancarios y suspensión de embargos, que extiende por seis meses el plazo para prestatarios de viviendas sociales y microempresas. La medida, que busca aliviar la presión financiera de miles de familias y pequeños negocios, generó fuertes cuestionamientos desde el sector empresarial y financiero, que teme un impacto negativo en la estabilidad del sistema bancario.
El decreto dispone que las entidades financieras difieran automáticamente las cuotas de capital, intereses, seguros y comisiones de los créditos vigentes hasta el 30 de junio de 2025, postergando su pago hasta el 6 de mayo de 2026. Asimismo, prohíbe la capitalización de intereses y cualquier tipo de recargo adicional sobre los montos diferidos.
“El sistema financiero hay que cuidarlo y protegerlo, no solo por los ahorristas, sino porque si empezamos a cambiar las reglas de juego, ponemos en riesgo la sostenibilidad de todo el sector”, advirtió Jean Pierre Antelo, presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (Cainco), al manifestar su preocupación por los efectos de la norma.
El dirigente empresarial pidió que la nueva Asamblea, que asumirá funciones junto al gobierno de Rodrigo Paz, revierta la norma o la someta a una revisión integral. “Esa normativa no debió aprobarse. Debe ser evaluada por la nueva Asamblea y, en lo posible, revertirse. Los prestatarios con dificultades pueden negociar directamente con la banca, pero no se debe poner en riesgo a todo el sistema”, afirmó.
Antelo sostuvo que, en momentos de crisis, lo prioritario es preservar la solidez del sistema financiero, las fuentes de empleo y el control de la inflación. “Si tomamos medidas erradas y rápidas, el remedio puede ser peor que la enfermedad”, agregó.
Pero desde el Ejecutivo, en cambio, la medida fue presentada como un mecanismo de alivio temporal. Desde el Ministerio de Economía argumentan que el diferimiento permitirá preservar la liquidez de las familias y de las microempresas, uno de los sectores más golpeados por la contracción económica y la falta de circulante.
El reglamento concede cinco días a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y a la Autoridad de Pensiones y Seguros (APS) para emitir las disposiciones técnicas que garanticen la aplicación uniforme de la medida.
El debate se centra en el delicado equilibrio entre proteger a los deudores y mantener la salud del sistema financiero, que ya enfrenta un contexto de menor liquidez, incremento en la mora crediticia y reducción de reservas internacionales.
“Ley nefasta”
La Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb) se sumó al rechazo empresarial a la Ley de Diferimiento de Créditos, que posterga por seis meses los pagos bancarios y suspende embargos para microempresas y viviendas sociales. Su presidente, Oswaldo Barriga, calificó la norma como una medida “nefasta” y “dañina” para la estabilidad del país.
“El Gobierno del presidente Arce no deja de querer hacer daño a la economía del sector privado. Hacer este tema de diferir créditos que ya fueron reprogramados, y que hoy ya le cuestan un dolor de cabeza a la banca, va a significar un hueco en la economía y puede poner en riesgo la salud financiera de algunos bancos”, afirmó Barriga.
El representante del sector exportador cuestionó que la norma haya sido aprobada “a horas de dejar el mandato”, señalando que responde más a un interés político que técnico. “Es nefasto que se haya aprobado esto en el tramo final del Gobierno. Creemos que la nueva legislatura debe revisar esta ley y abrogarla”, añadió.
Barriga sostuvo que cada entidad financiera debería tener la potestad de negociar directamente con sus prestatarios, sin imposiciones del Estado. “No podemos seguir metiéndole la mano al bolsillo al sector privado para que respalde a otro sector privado. Eso debe acabarse”, subrayó.
En esa linea, la Cámara Nacional de Industrias (CNI) advirtió que la medida constituye “un golpe directo al sistema financiero nacional” y “no representa ningún beneficio real para el país”.
Según el pronunciamiento, la ley —que dispone la postergación por seis meses del pago de cuotas bancarias para prestatarios de microcréditos y viviendas sociales— reducirá la liquidez de las entidades financieras, limitando su capacidad de otorgar nuevos créditos a las empresas y familias.
Prestatarios en emergencia
La ejecutiva nacional de la organización Prestatarios de Bolivia, Maritza Lucy Villarroel Arias, informó este jueves que su sector se declara en estado de emergencia en los nueve departamentos y advirtió con masivas movilizaciones si la Ley de Diferimiento de Créditos es sometida a modificaciones por el Legislativo o por presiones del sector financiero.
Mientras que el sector de la micro y pequeña empresa del país recibió con alivio la promulgación de la Ley N° 1670, que difiere el pago de créditos y suspende embargos por seis meses.
Según la Conamype, la norma brindará un respiro financiero a más de 1,4 millones de prestatarios que enfrentan las consecuencias de la crisis económica y la escasez de liquidez en Bolivia.
El secretario de actas de la Conamype, Marco Antonio Condori, afirmó que la ley, que suspende por seis meses los embargos y procesos judiciales por créditos de vivienda social y microcréditos, es resultado de un largo trabajo de gestión de los productores.
“La ciudad de El Alto y todo el país deben estar más aliviados. Hemos trabajado mucho tiempo por esto, porque los microempresarios no tenemos la culpa de la crisis económica, la falta de dólares, el alza de materias primas y la escasez de combustible”, declaró.
De acuerdo la ASFI, la medida podría beneficiar a más de 1,4 millones de prestatarios, principalmente en los rubros textil, manufacturero y comercial.