Autoridades nacionales presentaron el ‘Observatorio de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor’, una plataforma digital que tiene como meta fortalecer la protección de los derechos de los usuarios y consumidores en el Bolivia.
La ministra de Justicia y Transparencia Institucional, Jessica Saravia, destacó que este Observatorio constituye un avance significativo en la modernización de los mecanismos de defensa de los consumidores en el país.
“Ante las circunstancias como agio y especulación, se ha desarrollado esta plataforma que es una respuesta concreta ante una demanda de la población para fomentar un entorno comercial más justo y equilibrado para todas y todos, es una herramienta de control social, prevención y acción temprana, además de un mecanismo de transparencia, como cimiento de una democracia fuerte”, manifestó Saravia.
Por su parte, el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, explicó que la plataforma integra diversas herramientas tecnológicas que permiten el acceso público a información clave y la interacción directa con el viceministerio.
“El Observatorio permitirá que cualquier ciudadano, desde su teléfono móvil o computadora, pueda verificar precios referenciales, consultar la certificación de proyectos inmobiliarios, denunciar prácticas abusivas y dar seguimiento a sus reclamos. Este instrumento fortalece la gestión pública con base en evidencia y al servicio de la población”, explicó Silva.
La plataforma cuenta con módulos como la ubicación de oficinas a nivel nacional, el registro y control de proyectos inmobiliarios, la aplicación de alerta temprana ‘Precio Justo App’, listas de precios de mercados y supermercados, un buscador de proyectos inmobiliarios certificados, un canal de denuncias y seguimiento, un repositorio de publicaciones, una sección de espectáculos públicos certificados y un espacio de educación para el consumo responsable.
Finalmente, desde el Gobierno nacional aseguraron que este Observatorio se constituye en un paso estratégico para garantizar el acceso a la información, promover el control social y reforzar la seguridad jurídica, consolidando el compromiso del Estado con la protección efectiva y oportuna de los derechos de las y los consumidores en todo el territorio nacional.