"El Estado boliviano no admite en tanto se analice toda la información que no se ha analizado de momento. Con estas palabras, el ministro de Justica, César Siles desacredita el informe del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la detención arbitraria de Luis Fernando Camacho, conocido el pasado jueves.
Con el documento en mano, Siles explicó que se trata de un pronunciamiento que no es vinculante, que no es obligatorio, por lo cual no considera que haya motivos para interrumpir el avance del proceso. Es más, habla de la desinformación del abogado del señor Camacho en lo que podría suponer un intento más por dilatar el proceso que en unas semanas más estará ya listo para la sentencia.
El ministro de Justicia aclara que la opinión emitida por este grupo de trabajo no representa los criterios de las Naciones Unidas ni del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En sí, insiste, el informe es sesgado y poco objetivo. La privación de libertad de Luis Fernando Camacho es arbitraria. Contraviene los artículos 2, 7, 9, 10, 11, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9, 14, 19, 22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y se inscribe en las categorías I, II, III y V, reza la primera de las resoluciones emitidas por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que permanece hace más de dos años con detención preventiva en la cárcel de Chonchocoro. Asimismo, pide al Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia que adopte las medidas necesarias para remediar la situación del Sr. Camacho sin dilación y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes, incluidas las dispuestas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto. Es más, considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner al Sr. Camacho inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional. Para Siles, el informe no tomó todas las fuentes de información posible, por lo cual debe considerarse como un criterio no vinculante. La autoridad se aferra al informe emitido por el GIEI que exige al Gobierno actuar por las masacres de Senkata y Sacaba. Respecto al proceso judicial contra Camacho y el líder cívico potosino Marco Pumari, Siles considera que la publicación de estos informes responden a la estrategia de la defensa por dilatar el juicio y esperar que un nuevo gobierno que no sea respetuoso de los Derechos Humanos le favorezca con un indulto o con una amnistía.¿Qué dice el informe?
Desacuerdo